LA POBREZA DE ESTE TIEMPO

 

Ser pobre es un concepto relativo, en términos históricos, porque referencia la calidad de vida de una persona con ciertas condiciones básicas, que varían a medida que la sociedad es capaz de producir una gama mayor de bienes y servicios, hecho que, a su vez, iterativamente, modifica objetiva y subjetivamente qué se considera una «condición básica».

Además de eso, en la historia de la humanidad, la pobreza ha tenido diferente significación en distintos puntos del planeta en un mismo momento, porque las comunicaciones imperfectas entre comunidades diversas llevaron a que los elementos de comparación se establecieran al interior de cada comunidad. Aún en el período de formación de las naciones modernas, esa precariedad de vínculos entre regiones llevó a que la autopercepción de la pobreza pudiera ser diferente entre dos o más regiones o pueblos que habitaron un mismo país.

Esto cambió.

La modificación de las comunicaciones, que permite difundir estilos de vida a lo largo del planeta en tiempo real, ha llevado ya hace tiempo a definir un patrón de pobreza que se hace uniforme en cada rincón, definido por una interacción permanente de condiciones objetivas y subjetivas, éstas últimas actualizadas por internet segundo a segundo, podríamos decir.

Hace décadas que científicos y burócratas de todo el mundo discuten, en tal contexto, qué es ser pobre. Con frecuencia, llegan a caracterizar una multitud de aspectos, que lamentablemente los lleva a enredarse en la discusión subsiguiente: cómo se miden estos parámetros. La solución única aún no llegó.

El resultado es que los países tienen formas de cuantificar la pobreza que muchas veces no pueden ser comparadas, porque se basan en estadísticas no superponibles. Ni qué decir cuando en países como el nuestro, cambiamos periódicamente los criterios y llegamos a series que no se pueden comparar.

Todo este escenario es serio y grave. Peor aún es tener una contestación débil- o ninguna contestación – a la pregunta: ¿Por qué hay pobres?

En definitiva, caracterizar y medir la pobreza es necesario; eliminarla como problema debe ser el objetivo superior de una sociedad. Y para eso no debe caber ninguna duda sobre sus orígenes y causas determinantes.

Revisando la vida en el planeta, las situaciones donde toda una comunidad es pobre son minoría. Ese escenario se ha dado sólo cuando el destino es enteramente común y no se cuenta con capacidad para generar los bienes básicos o extraerlos del entorno. El riesgo de extinción masiva en esa situación es evidente.

En la mayoría de los casos, por el contrario, hay pobres y ricos, o al menos pudientes, cuyas necesidades son satisfechas adecuadamente. La riqueza, antes del capitalismo y durante toda su vigencia, es resultado del ejercicio de un poder, sea militar, sea religioso, sea económico, que permite al rico apropiarse de una fracción relativa mayor de los bienes generados por el conjunto del trabajo comunitario.

El capitalismo y la revolución industrial – si hacía falta – pusieron este hecho rotundamente en blanco sobre negro.

La producción y la ocupación aumentaron durante más de un siglo en proporciones sin antecedentes, proceso que fue acompañado por la sistemática concentración del ingreso en manos de los capitalistas, hasta llegar a la concentración aún dentro del espacio de los más poderosos.

En tal condición, el sentido común, la evaluación política y la propia percepción de los trabajadores llevó a la conclusión más inmediata: Sin siquiera cuestionar la legitimidad del derecho del emprendedor a apropiarse de una alta fracción del valor agregado en una unidad productiva, la existencia de pobres debe ser asignada a una apropiación exagerada de tal valor. Por lo tanto, es natural que se establezca una puja distributiva, reclamando que por vía de salarios o por otras formas indirectas se compense a los que menos tienen.

Esa es la realidad elemental y generalizada de buena parte del siglo 19 y 20.

Sin embargo, como ya se ha demostrado en varios procesos, la evolución no es lineal. Hay un momento histórico – que ya estamos transitando hace varias décadas – en que la concentración coloca en unas pocas manos un excedente superior – ya es muy superior – al que se puede reinvertir en nuevos proyectos, agregado al hecho que el excedente crece a mayor ritmo que la capacidad de consumo de la población.

Aparecen así las finanzas como modo de apropiarse de riqueza. No es un hecho nuevo ya que hace siglos y siglos que los banqueros y especuladores financieros existen. El matiz nuevo es la capacidad de absorber las crisis periódicas fruto de las burbujas especulativas, a la que se suma la aplicación sistemática de los gobiernos de los estados más influyentes del planeta, para que ese salvataje periódico ocurra.

La hegemonía financiera del presente permite a algunos apropiarse de valor sin participar de un proceso auténtico de generación del mismo. Es literalmente un despojo concretado a expensas del resto de la sociedad.

Ese fenómeno es destructor de trabajo, sea asociado o independiente. Ya ni siquiera es generador de trabajo mal remunerado en relación de dependencia.

Aparece así el fenómeno masivo conocido como exclusión. O sea: el sistema social y económico hegemónico, funciona sin necesitar a una fracción de la población, ni como trabajadora ni como consumidora.

Los excluidos hacen lo imaginable: Se organizan individualmente o en pequeños grupos para trabajar fuera del sistema, brindando servicios de variada índole a quienes disponen de recursos económicos, buscando así acceder a un consumo de subsistencia.

En algunos escenarios se integran a cadenas de valor industriales o comerciales, pero en carácter de trabajadores independientes, que cumplen una función remunerada a destajo, de manera proporcional a lo que aportan, valorada por el capitalista que hegemoniza la cadena. Situaciones típicas de este vínculo, reconocibles en el paisaje urbano, son el cartoneo; la distribución de alimentos y otros bienes, casa por casa, a infinidad de consumidores; el taxi administrado por una central (la uberización).

El denominador común es la baja productividad de la tarea; la remuneración errática y la ausencia absoluta de cualquier cobertura social de las que dispone un trabajador en relación de dependencia o aún un monotributista.

El resultado es obvio: Todo ese universo laboral es pobre y, además, por vasos comunicantes más o menos invisibles, convierte en pobres a franjas de escasa productividad de los trabajadores convencionales, cuyo salario evoluciona a la baja, ante la existencia de tan enorme ejército de trabajadores de reserva.

LAS ACCIONES GUBERNAMENTALES

Los gobiernos con vocación popular han sido débiles hasta ahora en el análisis de este nuevo y dramático escenario global.

La reacción típica es la pretendida profundización de la puja distributiva, con el Estado auxiliando a los más débiles.

«Los salarios y las jubilaciones deben aumentar más que la inflación», se nos dice.

Esa meta – loable, más allá que el flanco inflacionario queda intacto – pierde efecto y sentido cuando más de la mitad de la población económicamente activa no percibe un salario tradicional.

Cuando la evidencia de la crisis muestra esa grosera deficiencia de la política, se apuesta a profundizar el método: se subsidia masivamente los ingresos de los excluidos, desde aquellos más notorios, como las madres jefas de hogar, a los malamente relacionados con el sistema, como los proveedores de cartón barato, de comida pedaleada o taxis improvisados. Se apela a derechos valiosos como la AUH, recursos difíciles de administrar como la tarjeta Alimentar, hasta la entrega de alimentos a comedores populares o el fugaz IFE, que sirvió especialmente para dejar en evidencia el desconocimiento del funcionariado de la magnitud de los problemas a afrontar. Se agrega también subsidios a los trabajadores integrados en los márgenes, sea fuera de la cobertura social (cartoneros) o dentro (gastronómicos).

A ese universo se van sumando periódicamente colectivos laborales en la medida que la concentración aumenta, hasta llegar al límite, que representa la exclusión de los jóvenes en forma masiva. Si las nuevas generaciones no se pueden incorporar, estamos al horno.

CONCLUSIÓN: La pobreza hace ya muchas décadas que dejó de ser solo un problema de puja distributiva. Es también – en gran medida – el resultado de la desaparición de la existencia del consumidor masivo como condición necesaria para que quienes hegemonizan el poder económico y financiero aumenten su riqueza.

 

¿ENTONCES?

Si el diagnóstico adecuado es el arriba anotado, la solución del problema no puede surgir ni de la mirada en soledad de los integrados al sistema, que quieran ayudar, ni de la mirada aislada de quienes han visto desde siempre la vida en su condición de excluidos o de incluidos marginales. Ni tampoco de la repetición de las acciones gubernamentales que creen que poniendo dinero en el bolsillo de los que poco o nada tienen se pone a girar una rueda de la felicidad. Es obvio – aunque en rigor, en el escenario político argentino nada es obvio – que todos los protagonistas involucrados deben sumarse al complejo entramado de salida, pero no es a través de más de lo mismo intentado hasta ahora que habrá mejoras.

Creemos que el denominador común será buscar que toda la población económicamente activa tenga trabajo digno y bien remunerado.

Tal vez un conjunto básico de premisas puede ayudar:

1 – Un sistema productivo que imagina que la concentración es permanente e inevitable, además del altísimo grado de presencia de filiales de multinacionales que son hegemónicas en su sector, lleva a tener cadenas de valor incompletas.

Eslabones intermedios sin desarrollar, que se reemplazan por importaciones innecesarias; usos finales de algunos bienes de destino múltiples que no se vinculan con las necesidades concretas; parques industriales aislados de la comunidad circundante, como si no hubiera nexo necesario y posible.

EL ANÁLISIS EN DETALLE DE LA CONFORMACIÓN DE LAS CADENAS DE VALOR EXISTENTES GENERARÁ TODO UN ÁRBOL DE POSIBILIDADES DE CONEXIÓN E INTEGRACIÓN PRODUCTIVA, CON OPORTUNIDADES VARIADAS DE TRABAJO.

2 – La evolución del sistema, motorizada por las decisiones de inversión detrás de la ganancia, ha dejado enormes vacíos de necesidades comunitarias sin atender, además de generar problemas incrementales, por la socialización de daños ambientales o deficiencias de infraestructura, que evolucionaron en paralelo a la apropiación privada de las ganancias.

De tal manera, cabe – se impone – agregar una mirada nueva, para definir emprendimientos necesarios y posibles: aquellos que atiendan necesidades comunitarias no consideradas o mal satisfechas. Desde la gran diversidad de problemas ambientales y de hábitat hasta la necesidad de reformular algunas cadenas de valor tan básicas como la alimentación, alejándose de la hegemonía de los negocios y llevándolas hacia el servicio comunitario, aparece un enorme espectro de asignaturas pendientes, con su correlato de generación de trabajo.

En ninguno de estos escenarios es válido admitir que haya colectivos laborales aplicados a tareas de tan baja productividad que su valor agregado no cubra las necesidades básicas. Trabajar sin alcanzar la subsistencia digna tiene dos causas asignables:

1. La explotación y la sustracción del valor agregado, por parte de otro eslabón de la cadena, cuando se trabaja en relación de dependencia.
2. Una tarea definida en términos de muy baja productividad específica, cuando se trabaja en forma independiente.

Ambas causas, que son verdaderas “enfermedades productivas y sociales” deben ser estudiadas y evitadas sistemáticamente.

La economía circular, pero a cargo de la comunidad no de las corporaciones; la conectividad digital comunitaria; la energía renovable o la energía térmica de origen solar, en cada techo; el desarrollo de cadenas de valor especialmente adaptables para las habilidades de colectivos laborales con alguna discapacidad; además de lo mencionado sobre alimentación o vestimenta, configuran el amplio campo de las empresas sociales, aquellas cuyo sentido de existencia es resolver problemas de la comunidad, antes que perseguir el lucro.

Están esperando quienes tomen la bandera y la repartan por todo el país.

3 – Los servicios técnicos personales, desde un plomero domiciliario hasta una manicura, pasando por centenares de tareas que distan de ser una “changa”, que son actividades con experticia propia, con un mercado en que la oferta se encuentra con una demanda diseminada, deben ser jerarquizados social y técnicamente.

Hay más de 1000 centros de formación profesional en la Argentina, que forman parte de un sistema con poca estructura, pensado para ofrecer oportunidades de mejorar la oferta laboral a miles y miles de compatriotas, pero sin ninguna intención de organizar la demanda, orientándola hacia esa población que se capacita.

Es más; analizando en detalle las currículas de los centros, aquellos que se relacionan con un parque industrial, buscan fortalecer capacidades auxiliares para las empresas instaladas allí, en administración o servicios generales. Otro centro, ubicado a poca distancia de un parque industrial, probablemente tenga como opciones actividades de subsistencia, como reparación de calzado o tareas de costura, sin ninguna propensión a dotar a los estudiantes con capacidades asociativas de suficiente jerarquía como para aspirar a un futuro laboral de cierto nivel.

O sea: el diseño del sistema de formación segrega las oportunidades, estimulando que las opciones de cada estudiante sean compatibles solo con su entorno, sin pretender conseguir un beneficio en el vínculo entre sectores sociales diversos, lo cual sería una aspiración legítima, casi obvia.

Cambiar la mirada; mejor dicho, elevarla; puede construir escenarios muy distintos y positivos.

4 – El uso intensivo de la tierra agrícola es una gran asignatura pendiente de la estructura productiva en nuestro país. En los pocos lugares donde se intenta, se ha elegido copiar las peores prácticas del mundo central, con utilización de agroquímicos de modo desmedido, creando verdaderos focos de enfermedades graves para los trabajadores, las poblaciones circundantes y hasta para los consumidores, en ocasiones.

El uso de invernaderos o de corrales de engorde; cultivos como el tabaco o la caña de azúcar; la forestación y la utilización maderera posterior; la posibilidad de la acuicultura; cada actividad intensiva a la que se pasa revista está pensada como negocio de corporaciones, más que como actividad sustentable, que es posible en pequeña escala, a cargo de grupos cooperativos pequeños, que en conjunto configuren una rama productiva de alta ocupación y alta productividad.

Toda la pampa, tanto la zona núcleo como los oasis provinciales nació, creció y subsiste con la lógica de la apropiación de grandes extensiones, como condición de la riqueza, donde el uso adecuado y con alta productividad de cada parcela es un hecho secundario.

La combinación del derecho que asegure el acceso a la tierra a todo aquel que quiera trabajarla, junto con el desarrollo de tecnologías adecuadas para escalas pequeñas o medianas, no pensadas en términos asistenciales, sino con la mirada de países culturalmente adaptados a una relación pequeña de tierra arable/habitante, como Japón u Holanda o tantos otros, puede elevar exponencialmente la productividad de estas parcelas.

5 – El tema del hábitat y en especial de la vivienda social, puede ser un espacio de altísima generación de trabajo a corto plazo, si se lo formula adecuadamente.

En el país hay un déficit de viviendas estimado en 4 Millones de unidades, a las que se debe agregar otro tanto que necesitan ser refaccionadas o ampliadas.

El agudo problema social que esto implica se ha planteado ya hace mucho tiempo en los términos más crudos del mercado capitalista.

Es decir: Hay una alta demanda insatisfecha, que confronta con una oferta de cierta rigidez, lo cual lleva rápidamente a convertir a la propiedad de suelo urbano en refugio de valor. Eso hace que el suelo y lo construido sobre él aumente su valor en términos reales y cada vez es más chica la fracción de la población que puede acceder a comprar.

¿Qué hacen los Gobiernos?

Buscan suplir la capacidad de compra construyendo a cargo del Estado y subsidiando la venta a cada consumidor final.

Eso alcanza para algunas decenas de miles de viviendas por año. A lo sumo 100.000 en este momento. Resultado: El déficit se incrementa y la brecha de capacidad de pago de los sectores demandantes se agiganta.

En lugar de esa mirada, que es elemental y errónea, manteniendo una lógica capitalista se puede mejorar el resultado.

. Hay que democratizar – hacer barato – el suelo urbano. Habilitar lotes con servicios por centenares de miles en todo el país; legislar una nueva forma de usucapión – posesión veinteañal – a favor del Estado para toda propiedad urbana abandonada por ese lapso. Sumar toda esa tierra a la oferta general.

. Hay que promover cooperativas y pymes de producción de componentes de viviendas en decenas de rubros, que trabajen de cara a una demanda cierta de sectores medios, que serían los primeros en acceder a la nueva tierra urbana, con capacidad de financiar la autoconstrucción, como hace 70 años.

. Este segmento de miles y miles de emprendedores generará ingresos para convertirse en una segunda oleada de compatriotas que accedan al lote urbano y construyan su casa.

Esta breve descripción caracteriza un escenario concreto de generación de trabajo, de agregado de valor apropiable y de aplicación de ahorro popular que debe reemplazar los esfuerzos notoriamente insuficientes del Estado en este ámbito.

Es momento de interrumpir la enumeración, aunque hay más espacios de posible intervención social. Encarar con seriedad estos frentes, que aparecen como cinco en primera instancia, pero al leer en detalle se advierte que son varios más, puede convertir la pobreza de más del 40% de la población en un recuerdo sin actualidad.  Puede. No necesariamente sucederá.

Porque existe una probabilidad importante de tener que dar una interpretación distinta al título de esta nota.

En lugar de profundizar el análisis de la pobreza de este tiempo, diseñando los caminos de solución, podríamos concluir que este tiempo es de tal pobreza de capacidad política que no atina más que a aplicar soluciones falsas que provienen de diagnósticos obsoletos.

IPP/ 20.1.22

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LA EVALUACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS SOCIALES

Como se señaló en la presentación de esta serie de aportes, se irán profundizando aspectos que buscan facilitar la comprensión del mundo de los emprendimientos sociales, como manera de sumar a resolver el problema de la pobreza en la Argentina, al cual consideramos el tema crítico, que sirve para evaluar cualquier gestión pública.

El primer punto, que es clave, es la evaluación de la factibilidad de un emprendimiento social.

Me apresuro a señalar que NO es igual a la evaluación de un emprendimiento capitalista estándar.

Un empresario utiliza como parámetro de referencia para decidir sobre la bondad de su proyecto la tasa de ganancia, habitualmente expresada como Tasa Interna de Retorno (TIR), extendida a lo largo de la vida útil proyectada. Ese número se compara con la renta pasiva del capital, sea en el sistema financiero o en títulos públicos, y en caso de superarla, se considera positivo ese juicio inicial.

Para un emprendimiento social hay más de un aspecto a tener en cuenta.

1.Cuál será el resultado para la comunidad. No hay forma de reducir esto a un sólo número, ya que puede tratarse de un saneamiento o una protección ambiental; una facilitación en la disponibilidad energética o de conectividad digital; un cauce para la ocupación con trabajo digno de un colectivo postergado o excluido.

2. Cuál es la capacidad de ejecución esperable de los emprendedores potenciales y el marco de su fortalecimiento necesario. Esta no es una pregunta que se formule a un empresario tradicional, porque en definitiva es él quien arriesga su capital, pero aquí es muy probable que se requiera asistencia financiera ab initio y por un tiempo.

3. Cuál es la sustentabilidad económica previsible. Se trata de una unidad que operará en el mercado, comprando y vendiendo bienes y servicios. Debe ser capaz de generar ingresos suficientes para pagar salarios dignos a quienes trabajen y reproducir el capital operativo con recursos propios. La diferencia con una empresa tradicional será que la rentabilidad pasiva del capital no será una referencia para decidir la implementación.

Los anotados son los tres criterios centrales para la evaluación del proyecto. Luego, hay elementos dinámicos a considerar para definir el apoyo permanente al emprendimiento, que tienen que ver con el vínculo que establecerá con otras actividades productivas y con la comunidad.

Un listado no exhaustivo es:

. Ninguna actividad se desarrolla de manera aislada. Hasta los servicios personales, como un plomero o el cuidado de una persona enferma, implican más que una simple y única relación oferta/demanda. Hay que difundir la tarea a realizar; generar confianza en los posibles demandantes; comprar y suministrar insumos; actualizar las técnicas de trabajo, que evolucionan permanentemente. Todas tareas que pueden llevarse a cabo con variada eficiencia, que tienen efecto sobre el resultado final.

. Ni qué decir de actividades más complejas, que son eslabones de cadenas de valor densas, como la recuperación y reciclado de residuos urbanos o industriales. Cuando se interviene en estas tareas se corre el riesgo de generar trabajo en condiciones de dependencia técnica y, sobre todo económica, de otro eslabón dominante que pone condiciones de retribución de la tarea aceptables sólo cuando no hay alternativa más que la absoluta indigencia. La promoción de emprendimientos sociales no tiene sentido en caso que se den estas relaciones, que en definitiva son versiones perversas del capitalismo más salvaje. El camino no es rechazar estos proyectos sino encuadrarlos en relaciones de trabajo más adecuadas, donde un eslabón de la cadena no se apropie del valor generado por otra.

. Los temas sociales a encarar con estos emprendimientos tienen escala variable según cual sea el tamaño de cada comunidad, pero se repiten en toda la geografía nacional, en muchos casos en condiciones exactamente iguales unos a otros. La generación de energía fotovoltaica; la bioenergía, a partir de residuos orgánicos, en pequeña escala; las redes de conectividad digital comunitarias; los grupos locales de producción de alimentos, con alianzas de productores y consumidores; el aprovechamiento integral de la lana en escala local; son parte de las actividades que una vez bien evaluadas, se convierten en módulos que pueden diseminarse con relativa facilidad, para mejorar el entorno de vida de muchas localidades.

En definitiva, a diferencia de la evaluación de proyectos tradicionales, que se basa en manuales de 100 y más años de antigüedad, que han sufrido leves modificaciones operativas y ninguna de concepto, la evaluación de emprendimientos sociales está en camino de definirse, apoyada en criterios sociales y políticos como los recién expuestos, más que en fórmulas de economía financiera.

Para enfatizar la necesidad de dedicar horas a esta asignatura semi pendiente; a refinar y precisar los instrumentos; cualquiera de nosotros podría detenerse en un paisaje urbano o rural y mirar alrededor, pasando a enumerar trabajos permanentes, que podrían corregir deficiencias de nuestra estructura productiva o social o podrían aprovechar recursos ignorados, invisibilizados por una economía que prioriza la actividad más rentable en términos individuales y descarta buena parte de lo colateral.

Si alguno de los lectores quiere hacer el ejercicio y nos manda su lista por correo, luego resumimos los aportes y los comentamos.

IPP/21.1.22

 

 EL ALIMENTO ES UN BIEN SOCIAL

En estos tiempos de memoria corta no se suele recordar que gran parte de la historia de la humanidad tuvo que ver con la búsqueda permanente y angustiosa para garantizar el alimento en cada comunidad. Agregando, además, que era responsabilidad de la autoridad política de cada lugar conseguir eso.

Buena parte de las guerras, hasta entrado el siglo 18, tuvieron que ver con resolver esa cuestión, ya que la población crecía a mayor ritmo que la productividad agropecuaria o la expansión de las tierras trabajadas.

El caso argentino es paradigmático. Su industria exportadora más antigua, la de la carne, no se desarrolló como un negocio capitalista, que teóricamente busca las mejores demandas a atender, sino como un abastecimiento sistemático y programado de alimento para el pueblo inglés. Las razas vacunas, los frigoríficos, el transporte primero congelado y luego refrigerado, las carnicerías de Manchester o Birmingham, constituyeron una cadena de producción en que la meta era poner carne barata en la mesa de los ingleses y como subproducto generaba un escenario equivalente para los consumidores argentinos.

Esta organización tuvo vigencia por más de un siglo, hasta la guerra de Malvinas, en que el bloqueo comercial inglés llevó a la actividad local a buscar otros destinos y a encontrarlos. En ese punto de quiebre conceptual, la cadena de exportación de carne dejó de ser un servicio de abasto trans continental, para pasar a ser un negocio, que buscó la rentabilidad máxima posible.

Ruego se advierta que lo comentado es paradojal. Cuando éramos una parte del suministro británico, nuestra carne bovina era espontáneamente más barata que cuando nos sumergimos en el mercado internacional global.

¿Qué enseña esta importante experiencia histórica sobre la posibilidad de contar con alimentos más baratos en nuestro país en el presente?

Esencialmente, que hay dos formas de producir alimentos:

. Una, para cubrir una necesidad básica de la población (en el ejemplo, de los ingleses).

. Otra, para ganar plata.

La primera opción no quiere decir perder plata, como lo demostraron los frigoríficos ingleses y norteamericanos en el caso de la carne. Quiere decir priorizar el suministro del alimento, a valores accesibles.

Si quienes marcan el camino y lideran los sectores, eligen el camino de ganar plata ante todo, agárrate. Si superponen el mercado externo al mercado interno y buscan trasladar la mayor rentabilidad obtenida en el primero al segundo, agárrate con las dos manos. Si establecen alianzas de más de un segmento de las cadenas de valor, como la producción más la comercialización y además buscan rentabilidades que satisfagan a sus accionistas en bolsas de comercio internacionales, agárrate con manos y pies.

Todo esto sucede en la Argentina de estos tiempos.

¿Cómo se sale?

Ante todo, caracterizando adecuadamente el problema, sin esconder la basura debajo de la alfombra y fijando el eje de lo que se pretende hacer, porque el primer cruce de caminos muestra dos opciones:

1. Pujar con quienes ven al suministro de alimentos a la población argentina como parte de un negocio mundial, para que hagan alguna concesión a consecuencia que este es el país donde están produciendo.
2. Ayudar a construir cadenas de abastecimiento de alimentos que tengan como prioridad atender las necesidades de la población. Eso sí: obviamente sin necesidad de convertirnos en una colonia inglesa de nuevo.

La primera vía, que suma precios máximos o cuidados, suspensión temporaria de exportaciones, creación de fideicomisos por parte de los exportadores, para subsidiar los precios en el mercado interno, engendros como la ley de góndolas, es la elegida en los últimos 50 años. Es natural consecuencia de admitir validez general al axioma que sostiene que “quien pone una empresa lo hace para ganar plata”, expresado como motivo excluyente e indubitable.

La alternativa,la segunda opción, requiere información, pasión y paciencia. Todo eso, trabajando sobre algunos ejes básicos:

1. Todo quien produzca para el mercado interno como prioridad, debe tener acceso a la tierra para obtener sus materias primas o debe tener acuerdos con quienes las obtengan, para contar con una elemental previsibilidad de costos. Un molino harinero debe producir el trigo que elabora o tener un contrato previo a la siembra con quien le abastezca el trigo. Así siguiendo.
2. El tamaño del emprendimiento es poco relevante en términos de economía de escala. Por el contrario, para casos como el de la industria lechera y varios otros, los costos de logística para la materia prima y el producto final tienen tan alta incidencia, que las grandes procesadoras tienen costos mayores que las pequeñas. El costo en puerta de fábrica depende más fuertemente de las condiciones en que se accede a la materia prima que de cualquier otro factor.
3. Un problema siempre presente -más allá de los límites de la fábrica – es la necesidad de consolidar la oferta de muchos pequeños productores para evitar costos descalificadores en la etapa de distribución y comercialización, especialmente por los cargos financieros que implica tener stocks distribuidos por una gran geografía como la nuestra. En consecuencia, las alianzas entre productores y una política de financiación muy barata de stocks de productos terminados, deben formar parte del conjunto de instrumentos a utilizar.
4. Las frutas y verduras que se consumen sin procesamiento industrial generan los escenarios en que los productores se encuentran en mayor condición de fragilidad, ya que su producto tiene corta vida útil y cualquier defasaje entre oferta y demanda, sobre todo cuando la oferta es abundante, puede producir pérdidas importantes a quien trabaja la tierra. Esa condición de debilidad relativa tiende a convertirse en permanente, con la subordinación del productor a intermediarios que controlan las etapas siguientes, hasta el consumidor. Los dos extremos de la cadena – productor y consumidor – quedan expuestos a maniobras especulativas permanentes y sobre todo en tiempos de inflación alta, se puede pronosticar que son perjudicados con seguridad.

Las soluciones intentadas en el mundo a este problema son varias. Todas tienen en común vincular de manera efectiva a productores con consumidores. Una lista mínima, no excluyente:

d1: Cinturones hortícolas en cada comunidad, que minimicen los costos de traslado.

d2: Ferias de productores, que no solo eliminan todo paso intermedio, sino que otorgan a los productores información sobre el modo de orientar mejor su oferta.

d3: Convenios de producción entre huertas, granjas o tambos con grupos de consumidores y/o minoristas, que financian cada ciclo productivo desde el inicio, recuperando su aporte en producto, de una manera especificada en el acuerdo inicial.

d4: Compras masivas a cargo de alguna entidad público privada, que es luego la encargada de abastecer a los comerciantes minoristas.

d5: Producción a cargo de organizaciones comunitarias, ya sea del producto final – en el caso hortícola o frutícola – o de insumos – como en el caso de granos para producción de carne -, o incluso de productos con cadena más compleja, como la carne vacuna, aviar o porcina, que habiliten una integración comunitaria en una cadena con el fin definido y rotundo de abastecimiento popular, alejado del negocio que maximiza una rentabilidad.

El detalle anterior es ejemplificador de caminos posibles, pero a la vez los detalles nos hacen correr el riesgo de alejarnos de los conceptos básicos sobre los que se puede fortalecer y colocar en el centro de la escena un sistema de producción de alimentos para el mercado interno, que sea independiente de los negocios ligados al mercado internacional.

Esos conceptos, extraídos del detalle anterior, pueden resumirse así:

. Integración vertical de las cadenas productivas, desde la tierra a la mesa.

. Alianzas de productores y de éstos con la comunidad y los ámbitos públicos.

. Cadenas cortas que permitan llegar a la comunidad local, con ésta como participante activa en la producción y de allí, en círculos concéntricos, a ámbitos regionales y nacionales.

Estos atributos aplicados con tenacidad y de manera sistemática permitirán recuperar el abastecimiento de alimentos como una actividad emprendedora social, que actuando en el mercado, es un servicio a la comunidad.

El resto de la estructura actual de la actividad, hoy pensada y organizada como negocio, que se monta sobre valores que le permiten legitimar el acopio de zapatillas o útiles escolares o yerba en un galpón para especular con su precio de ocasión, tendrá varios grados de libertad para trabajar, a pesar de perder progresivamente su situación hegemónica.

Podrá fortalecer su actividad exportadora, eliminando o reduciendo sus lazos con el mercado interno.

Podrá participar de alianzas comunitarias, en paralelo con su actividad exportadora, a través de canales con lógica diferente.

En todo caso, habrá de ceder en beneficio del conjunto de la sociedad el derecho de definir qué comemos, cuándo y a qué precio.

Varios de los conceptos señalados hasta aquí son perfectamente opinables y hasta cuestionables, en la medida que se busca construir un escenario  nuevo.

Tal vez lo único que ya no hay tiempo para seguir haciendo es ese juego facilista que considera que la manera de producir y distribuir alimentos en el país es la vigente y solo es posible discutir con las empresas hegemónicas. Como contraparte de esa simplificación aparece una y otra vez la pregunta, que duda de la capacidad de abasto del resto del sistema, por parte de aquellos que trabajan solo para el mercado interno, como si fuera cuestión de abrir un mueble y salieran las ofertas. Justamente, el estado de cosas actual bloquea esa posibilidad. Bastará tomar la decisión de conseguirlo para modificar el panorama gradualmente, aunque mucho más rápido de lo imaginado.

Si no entendemos las causas, incluso las causas históricas de los problemas; si no nos tomamos el tiempo para diseñar nuevas formas e implementarlas; NUNCA HABRÁ SOLUCIÓN.

IPP/ 27.1.22

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LA OBRA PÚBLICA LOCAL

Las necesidades de infraestructura siempre han sido obsesión de los gobernantes municipales, que son los más cercanos a la ciudadanía y saben que deben demostrar que resuelven cuestiones ligadas a facetas del hábitat.

Durante mucho tiempo, el volumen de trabajo disponible en sus diversas variantes privadas y públicas naturalizó las decisiones, ya que no había suficiente disponibilidad de trabajadores locales no ocupados o subocupados, como para dedicar especial esfuerzo a generar trabajo para miembros de la comunidad local. En consecuencia, se licitaban las obras que podían encararse con los presupuestos disponibles y accedían las empresas que mejores condiciones ofrecían.

En los últimos 30 años el escenario se modificó, como resultado de las crecientes dificultades para considerar que una condición cercana al pleno empleo era cuasi automática y que el mercado aseguraba ese escenario. Por el contrario, la exclusión de trabajadores de toda condición y por supuesto también de las generaciones más jóvenes, ha terminado siendo el resultado más probable.

La reacción de la política de los gobiernos populares ha sido buscar favorecer a la comunidad local cuando se trata de llevar adelante obras públicas de alcance municipal.

El Plan Argentina Hace constituye el esfuerzo más sistemático para vincular necesidades locales de infraestructura, con oferta de trabajo del mismo origen. Los más de 90.000 Millones de pesos invertidos a diciembre de 2021 y las casi 70.000 personas ocupadas en casi todo el país, dan idea de su importante potencial.

Aparece en tal contexto una dificultad, que en paralelo señala una posibilidad interesante para el conjunto de la comunidad productiva local, excediendo la obra pública.

Es evidente que las obras que los municipios pueden presentar al Plan Argentina Hace requieren que las unidades de trabajo a aplicar cuenten con la capacitación adecuada.  A pesar que el Plan señala la posibilidad de brindar capacitación a los trabajadores a sumar, resulta claro que los tiempos de ejecución y los tiempos de formación laboral pueden tener velocidades diferentes. Eso lleva a que los ejecutivos públicos locales, inducidos por la vocación de hacer obra inmediata, reduzcan la complejidad técnica de lo que planifiquen, para adecuarla a los saberes disponibles y no al revés. La consecuencia directa es que las tareas planificadas pueden llegar a limitarse a cuestiones simples, dejando de lado obras más complejas, que resolverían problemas importantes y que terminan quedando fuera de este Plan.

Este camino en retroceso de la capacitación laboral del personal aplicado a las obras públicas menores tiene también un grave efecto adicional: construye una brecha real y psicológica entre las cooperativas de trabajo o los trabajadores individuales involucrados y las empresas privadas industriales y de servicios que se desempeñan en el ámbito. Estas últimas colocan habitualmente en primer término la calidad de la prestación como condición necesaria para formalizar cualquier vínculo de trabajo, lo cual es de algún modo el criterio contrario al aplicado por los municipios para ejecutar con urgencia obras públicas menores.

Estas dos falencias fuertes – solo obras públicas simples; ausencia de vínculo con el sector privado que es demandante de esas experticias – pueden ser corregidas con una tarea sistemática de fortalecimiento de la oferta laboral local, que la habilite a avanzar en la dirección opuesta a la recorrida en los últimos años. Ese fortalecimiento no es un proceso meramente curricular, como el de una escuela técnica o una universidad. Se trata en buena medida de aprender al hacer, de aprovechar los saberes disponibles y crecer desde allí.

Para aprender al hacer, no solo hay que definir programas de formación que acompañen cada especialidad laboral con mayor precisión que la habitual, sino que se debe disponer de la infraestructura concreta y el herramental que cada rama de la actividad necesite para las labores de campo.

En esa dirección, es importante aprovechar el antecedente que quedó a mitad de camino, de promoción de Polos Productivos, desde el Ministerio de Desarrollo Social, en la última etapa de la gestión presidencial 2011/15. Esta iniciativa apuntaba justamente a dotar a grupos comunitarios de la infraestructura física (galpones, mesas de trabajo, etc) y el herramental para poder realizar tareas de herrería, producción de bloques, carpintería y similares. Todo esto fue detenido y marginado desde 2016 y parece una sana política de utilización de los recursos completar esas instalaciones y refinarlas, entendiendo en profundidad la manera de utilizarlas en beneficio de la comunidad, como se resumió más arriba.

CONVERGENCIA EJECUTIVA

Existe un escenario de potenciación interesante de estos recursos, si se hace converger los programas como el Plan Argentina Hace del Ministerio de Obras Públicas, con las adaptaciones del caso, con el Programa de Promoción de Empresas Sociales del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, a su vez articulado con el Instituto Nacional de Educación Técnica (INET) y la muy densa red de Centros de Formación Profesional del país.

Esta interacción puede aportar los elementos de formación permanente que requiere el aprender al hacer (learning by doing), que no son parte de los instrumentos habitualmente disponibles en un espacio de acción ejecutiva, como el Ministerio de Obras Públicas.

IPP/10.2.22

 

 ¿LA COMUNIDAD?

Insistimos desde nuestra propuesta, en que las empresas sociales deben ser identificadas de una manera especial: Son las que tienen por objeto resolver o atender problemas comunitarios.

Sin embargo, es necesario detenerse y bucear a fondo, para entender QUÉ ES LA COMUNIDAD. De ninguna manera basta con aceptar una mirada axiomática, que indica que la comunidad somos todos y todas.

Para caracterizar un colectivo social, no basta con sacar una foto que suponga que cada uno de nosotros tiene las mismas necesidades y especialmente, la misma percepción de esas necesidades y de la manera en que se satisfacen.

Ese es el error básico cuando se suma al discurso términos como «la comunidad educativa», «la comunidad científica» o tantos otros similares, que se cree que abarcan lógicas comunes, ilusiones comunes, miradas comunes, al menos sobre los ámbitos de trabajo propios.

No es así.

Ni las condiciones objetivas de desempeño de una profesión común, ni el hecho de vivir dentro de similares restricciones económicas o de hábitat, ni siquiera encontrarse dentro de dramas colectivos como una guerra o una pandemia, como hemos visto, aseguran que la subjetividad de las personas involucradas sea la misma y por lo tanto, la forma en que crean que deben resolver sus problemas. Aquellas condiciones tienen influencia, pero a ellas se suman los numerosos factores que determinan las conductas, sea por manipulación, por herencia cultural o por varias razones posibles adicionales.

Entonces, ¿cómo se puede dar identidad a la comunidad? ¿Qué es?

Es un conjunto de personas que comparten cierto hábitat.

¿Y qué más?

Que tienen objetivamente obstáculos similares para desarrollar su vida con libertad, con esperanzas de horizontes mejores. Enfrentan dificultades ambientales, energéticas, de cantidad y calidad de trabajo, de vivienda, de acceso a la educación y formación técnica, de disponibilidad de recursos para pensar e implementar emprendimientos productivos o de servicios, de acceso al esparcimiento y la cultura, que son de la misma naturaleza.

Es decir: Para quienes pensamos en las empresas sociales y a continuación sostenemos que deben atender problemas comunitarios, la definición de «comunidad» está íntimamente asociada al reconocimiento de la existencia de problemas compartidos.

¿Quien realiza ese reconocimiento?

Es imprescindible que una parte mayoritaria de cada conjunto de personas – de cada comunidad –  lo haga, así como que el Estado en sus diversos niveles cuente con la capacidad de sistematizar los diagnósticos sociales, fortaleciendo y consolidando a esas mayorías, por encima de la inmensa y densa masa de perturbaciones que el capitalismo concentrado impone para que los y las ciudadanas pierdan capacidad de tener buenos análisis de su propia realidad.

Esta pelea por el sentido, por la capacidad de elegir y construir nuestro destino, no se ejerce ni en mínima proporción limitándose a denostar a quienes suponemos causantes de los males. O a quienes puedan beneficiarse del estado de cosas, de un modo u otro a costa nuestra.

Se ejerce definiendo las soluciones que los problemas tienen, en cada faceta de la realidad. Por supuesto, esas definiciones deben estar planteadas en términos de factibilidad de corto y mediano plazo; deben ser implementables de manera notoria. Aquí aparecen las empresas sociales como el vehículo apropiado.

Volvamos a repasar y resumir.

¿Qué es la comunidad?

Es un conjunto de personas que comparten cierto hábitat y que tienen un conjunto de dificultades para llevar una vida positiva, reconocidas al menos por una mayoría de los integrantes.

¿Cuál es la responsabilidad del Estado?

Combinar su papel de administrador de los conflictos sociales con el compromiso de escuchar, entender, internalizar cabalmente las dificultades comunitarias.

¿Qué papel corresponde a las empresas sociales?

Son aquellas que apuntan a resolver dificultades comunitarias, promovidas por el Estado, en la medida de lo posible integradas por miembros de la comunidad, que actúan en el mercado, comprando y vendiendo bienes y servicios, con criterios de evaluación de desempeño diferentes de aquellos que se organizan alrededor de hacer un negocio.

Una final: Las empresas sociales, ¿son emprendimientos nuevos, que no existen hoy y deben ser pensados e implementados desde cero, como una especie de refundación?

De ninguna manera. Esa condición vale solo para los espacios que el capitalismo concentrado ha abandonado a la buena de Dios, como el ambiente. En casi todo otro plano, la empresa social será la adaptación de emprendimientos existentes a la nueva realidad, que impone pensar facetas básicas de la vida, como la provisión de alimento, de energía, de agua, de vivienda, en términos de servicio comunitario remunerado.

Mantener la hegemonía de los negocios en las cuestiones que hacen a una subsistencia digna, llevará inexorablemente a la destrucción de toda esperanza defendible.

IPP/23.2.22