NO PODEMOS FRACASAR

EL TRABAJO PARA TODOS (TPT) ES EL AUTÉNTICO CAMINO

¿Es necesario discutir el futuro?

Muchos creen que la crisis sanitaria mundial cambiará inexorablemente las relaciones sociales y económicas del mundo.

Algunos, con entusiasmo de fe, piensan que será para bien, que aumentará la solidaridad como fundamento de una vida mejor.

Otros, entre los que los integrantes del Instituto para la Producción Popular (IPP) nos encontramos, creemos que tal mejora es una meta permanente, anterior y seguramente posterior a la pandemia, que tal vez se vea facilitada por la necesidad de barajar y dar de nuevo en varios planos, pero el resultado no será mecánicamente positivo. Es más, las primeras señales del mundo central son el aumento del poder y la riqueza de corporaciones que ya eran hegemónicas, como Amazon, Facebook, el sistema financiero, las grandes productoras de alimentos.

Le toca a un gobierno popular conducir hacia los nuevos escenarios. Es conocida la tendencia de hace décadas, en que cada militante pasa a ser opinador; a medida que pasa el tiempo avanza para ser ministro en las sombras y finalmente, contamos con miles de presidentes paralelos, situación en que cada uno de nosotros consume buena parte de su energía política señalando en su pequeño círculo como deberían hacerse las cosas, en lugar de entender cómo en realidad se hacen.

Se trata de una costumbre estéril, en la que quien esto escribe también cae, a pesar de haber reflexionado numerosas veces sobre su inutilidad. Son muy pocos los escenarios en que el análisis crítico y el posible cuestionamiento a decisiones presidenciales se justifica.

¿Cómo discernirlos?

Corresponde hacerlo cuando los efectos estructurales que se esperan sean perdurables e impliquen avances o retrocesos importantes en la justicia social, en un país tan castigado.

El establecimiento de un Ingreso Ciudadano Universal (ICU) es uno de esos temas, aunque esté en una etapa preliminar, anunciado solo como una idea a profundizar, por un Ministro. A diferencia de lo que se viene discutiendo hace años en Europa, esencialmente, de fijar un ingreso universal de piso, que cobraría toda la ciudadanía de un país, el proyecto local se dirigiría a la parte de la población con mayores necesidades básicas insatisfechas.

Ya he escrito varios documentos cortos a lo largo de los años, confrontando esta idea con la búsqueda del trabajo para todos, inclinándonos por este último camino. Sin embargo, al instalarse el ICU como propuesta de política de Estado, acompañada de una batería inorgánica de promoción del trabajo, creo que resulta necesario instalar una discusión bien profunda y bien detallada de la cuestión, por dos razones concurrentes:

1. Seguramente la propuesta tiene una importante recepción positiva en el campo popular.
2. En caso de no ser la vía más acertada, intentar su aplicación no solo generaría una fuerte decepción, sino que sería difícil eludir la tendencia a tratar de corregir procedimientos o reglamentos, creyendo que esos cambios serán suficientes, con lo cual posiblemente se extendería el error por años y años.

 

DE DÓNDE VENIMOS Y A DÓNDE QUEREMOS IR

La estructura económica argentina, que condiciona el reparto de los frutos y toda la situación social asociada, lleva más de 45 años de un proceso de concentración del patrimonio y del ingreso, que ha abarcado todos los sectores.

La producción agropecuaria; toda rama industrial, aun las que se dedican a tareas que hace medio siglo no existían; el comercio minorista; las finanzas; hasta límites inverosímiles como los cruceros de turismo, han sufrido procesos de absorción de las empresas más pequeñas por las más grandes. O directamente, nacieron con la condición de cuasi monopolio a la vista, como los gigantes de la informática o de la venta de productos por internet.

Las cadenas de valor siguen sembrando semillas, cosechando e industrializando trigo o soja o maíz, en cada vez más superficie total, pero con cada vez menos productores primarios o industrializadores o exportadores o comercializadores con acceso a los consumidores locales.

Así, todo lo demás. Con el agravante de la presencia de cadenas incompletas en toda la economía.

Exportamos harina de soja e importamos concentrados proteínicos y otros derivados de soja; exportamos concentrado de mineral de cobre e importamos casi todas las manufacturas de cobre; exportamos aluminio en grandes volúmenes, pero importamos desde llantas de automóviles hasta numerosos objetos o componentes de aluminio. No hay sector industrial en que no se repita esta condición de integración parcial, que señala la ausencia de trabajo nacional incorporado.

La combinación de ambas características – concentración e integración parcial –, fruto de una estructura moldeada por el mercado, con el Estado reduciendo sistemáticamente su injerencia, tanto en la producción como en la orientación sectorial, limita la cantidad de trabajo utilizado para producir los bienes finales que están a disposición de los consumidores nacionales.

Hay al menos un tercer componente que explica una menor demanda estructural de trabajo. La gran presencia de multinacionales en la industria, a la que se han sumado otras más en la producción de semillas, agroquímicos y equipos pesados de labranza y cosecha, coloca fuera del país buena parte de la investigación y desarrollo, que se realiza en los centros cercanos a las casas matrices, y a eso se agrega la importación de insumos de proveedores tradicionales de esas empresas extranjeras, que podrían ser sustituidas por oferta nacional, pero no lo son.

Finalmente, como etapa superior de esa disminución del trabajo por unidad de manufactura final, se agudiza la automatización. Como decía una asesora de Bill Clinton, no importan los robots, sino quienes son los dueños y donde se fabrican. Los dueños en su gran mayoría son multinacionales, que los fabrican fuera de nuestras fronteras.

Ese es el escenario de trabajo que el mercado nos plantea.

No es sorprendente que dejando en la historia una desocupación del 3%, valor sostenido durante años en el país, hasta 1983, hoy un gobierno popular se haya despedido de su gestión en 2015 con un 6% como porcentaje exitoso y en 2020 se haya partido de un 10% mentiroso.

¿Por qué mentiroso? No por vocación de los funcionarios o encuestadores. En rigor, por una negación sistemática de nuestra dirigencia política y social para entender la evolución del mundo global del trabajo, el que abarca a la totalidad de nuestra población económicamente activa (PEA), que suma 21 Millones de personas, cifra que podría extrapolarse a 28 Millones, si la actitud frente al trabajo de la población entre 18 y 65 años – y sus oportunidades de sumarse – fueran similares a la europea o norteamericana o japonesa.

Las cifras recién mencionadas de desocupación – sea 3, 6 o 10% – son referidas a la PEA, que son los habitantes entre 18 y 65 años en condiciones de trabajar, que están trabajando o están activamente buscando un trabajo.

La PEA actual, se reitera, se calcula en 21 Millones de personas. Hay unas 7 Millones de personas adicionales que están en ese grupo etario, podrían trabajar con un ingreso monetario, pero han desistido de hacerlo, sea porque se dedican exclusivamente a la familia o porque no creen poder conseguir una ocupación rentada. En un país desarrollado, estos 7 Millones estarían trabajando o buscando trabajo, formarían parte de la PEA.

De los 21 Millones mencionados, 2.5 Millones están desocupados y buscan trabajo, pero adicionalmente hay 500.000 personas que cobran un salario social complementaria de la asistencia pública y 2 Millones de madres que cobran asignación universal por hijo (AUH), que no trabajan en el mercado. Esto lleva a 5 Millones el número de quienes forman parte de la PEA y no trabajan. Es el 24% de la PEA.

Del resto -los 16 Millones de personas ocupadas- 11 Millones están formalmente inscriptas en empresas privadas o en el Estado. Los 5 Millones restantes son trabajadores independientes a los que se aplica el eufemismo de trabajadores informales, que en realidad oculta la ignorancia del sistema estadístico sobre la actividad que realizan y su retribución, la cual se estima, de manera muy imprecisa.

Tan débil es el conocimiento de esta franja, que cuando el gobierno nacional tomó la encomiable iniciativa de crear un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para paliar al menos parte de la pérdida de ingresos producto de la caída global de actividad por la crisis sanitaria, se produjo la inscripción de un número de personas 300% superior a la esperada.

Este universo sin duda se compone de trabajadores independientes, de los desocupados y de parte de aquellos fuera del mercado laboral pero cuya condición etaria los habilitaba a pedir el subsidio. El número pudo haber sido aún bastante mayor, de haber ampliado el período de inscripción.

En síntesis, del universo de personas empleables entre 18 y 65 años, solo 11 sobre 28 Millones, el 39%, están contenidos plenamente por los derechos laborales vigentes y se puede estimar que unos 3 Millones, el 11% adicional, tienen una tarea eficiente y retributiva como trabajadores independientes.

Esa proporción es muy baja, no solo mirada desde la productividad global de la economía. Tan grave como esto es comprobar, por esas cifras, que el 50% de la población adulta debe tener problemas de variada envergadura, algunos muy críticos, para atender sus necesidades básicas.

¿Está este gobierno popular o estaría cualquier otro gobierno en condiciones de otorgar un ICU a un universo de postulantes cercano a las 10 Millones de personas, en todo caso discriminando entre diversos subgrupos con necesidades variables, pero todos con alguna demanda? ¿Cómo se definirá el criterio de integración al ICU?

A diferencia de la discusión académica, será una compensación para los más pobres, como se acaba de plantear en España. Allí, por caso, se aspira a cubrir 2.5 Millones de personas.

Si así planteado, el tema parece inasible, ¿qué se hace?

Parece que la opción elegida es:

. Elegir una fracción de beneficiarios, que incluyendo a las actuales receptoras de AUH, podría llegar de 5 a 7 millones de personas, que recibirán una proporción no definida de una canasta básica.

. Estimular una serie de trabajos en construcción, reciclado de residuos, producción de alimentos y de indumentaria, cuidado personal.

. Iniciar un plan masivo de urbanización de las 4000 villas y asentamientos sin infraestructura básica. Esto inexorablemente se complementa con un plan de viviendas que reemplace buena parte de los precarios alojamientos actuales.

¿En qué se modifica las causas de reducción y de exclusión del trabajo que se enumeraron más arriba?

En nada.

¿Es una solución integral al atraso, la pobreza, la baja productividad, el desempleo?

En el mejor de los casos es un aporte parcial para atenuar los daños que el mercado causó – y seguiría causando – a una fracción enorme de la población. La dimensión de la mejora es imposible de evaluar a priori, aunque lo único seguro es que no abarca a la totalidad de los afectados y encara las consecuencias y no las causas del problema.

Propongo dar una vuelta campana. En lugar de apresurar supuestas soluciones, volvamos a las causas. Tendremos así más elementos para diseñar caminos superadores y volveremos a evaluar estas propuestas.

DÓNDE EMPIEZA TODO

La punta del ovillo ya está fuera de discusión: Se trata de una economía donde se ha construido un plano inclinado, por el cual el patrimonio y los ingresos de la gran mayoría de los habitantes, se deslizan hacia un pequeño grupo.

La búsqueda tradicional del remedio, al menos de un placebo, es usar el poder del Estado para corregir la distribución de los frutos. Sea interviniendo en los acuerdos salariales a favor de los trabajadores; sea utilizando parte de los impuestos para financiar aportes a los perdedores del sistema.

En tal escenario, las corporaciones más exitosas han acumulado mecanismos a lo largo de más un siglo para escapar a una cesión de parte de sus beneficios. Hagamos un listado, tal vez atemorizador:

. Subfacturar las exportaciones o vender en el mercado interno sin facturar.

. Tomar préstamos al interior de la misma corporación internacional o préstamos falsos.

. Fijar domicilio en paraísos fiscales, existentes hasta en el propio Estados Unidos.

. Contratar asesores económicos o legales en el exterior; comprar acciones que cotizan en el exterior; ambos mecanismos para sacar divisas del país.

. Construir cadenas de valor cautivas – o sea de la misma empresa – de forma de comprar materias primas y componentes a precios administrados de manera de generar ganancias o pérdidas arbitrarias en las sociedades que convenga.

Para cada maniobra, es posible definir un esquema de control, con posibilidad imprecisa de ser efectivo. Lo esencial es que se trata de actores económicos con cuya buena voluntad y transparencia no se puede contar. Por el contrario, debe asumirse que los generadores de valor agregado hacen todo lo que está a su alcance para evitar compartirlo.

Este es el condicionamiento moderno del capitalismo concentrado, donde la lista recién presentada enumera formas de eludir las regulaciones, que se agregan al detalle presentado al comienzo de este documento, con los procesos que aumentan la concentración de manera permanente.

¿Cómo se cambia este plano inclinado?

Seguramente, no es ampliando la capacidad de poner colchones en la descarga de ese tobogán para reducir el daño de los que caen por los golpes que recibirán.

El argumento central contra esta lógica es que devolver a los expulsados y humillados del sistema parte de los ingresos perdidos, a través de la asistencia pública, se convierte en un hecho temporario y altamente frustrante, si aquellos que diseñaron la forma en que opera el mercado mantienen intacto su poder de seguirlo haciendo.

¿Qué han demostrado los líderes de mercados tan básicos como el azúcar, el aceite, la leche fluida, las harinas o el arroz, entre tantos, que no se limitan solo a los alimentos?

Es simple verificar que ante cualquier recuperación de la capacidad de compra popular, los oferentes están en condiciones de aumentar sus precios y por consiguiente su rentabilidad, aún por encima del promedio de la inflación general.

¿Cómo convertir al posible ICU en un aporte real, lo cual implica hacer desaparecer previamente la inflación? A su vez, ¿cómo hacer desaparecer la inflación, sin cambiar la relación de fuerzas entre el Estado y el mercado, más allá de la responsabilidad que quepa al Estado en el manejo de la política monetaria?

¿Cómo cambiar esa relación sin cambiar la estructura de la oferta y de la demanda?   

LAS FALACIAS SOBRE LA INFLACIÓN Y LOS PROBLEMAS DE UN PAÍS BI MONETARIO

El escenario de la inflación está plagado de mitos, de verdades a medias, de construcciones válidas en un país y no en otros, lo cual es fuerte señal que la economía está muy lejos de ser una ciencia exacta. No es casualidad que esto suceda, porque en los procesos inflacionarios se producen cambios en la distribución de ingresos, que cuando son regresivos – lo habitual – al poder económico le interesa ocultarlos.

Después de recorrer el espinel de miradas y argumentos de diversas corrientes ideológicas, he concluido que los mejores planteos monetarios y financieros, con sus efectos derivados, provienen de una escuela conocida como MMT (modern monetary theory). Al final de este documento se citan un puñado de referencias bibliográficas, de un espacio muy dinámico, con varias ramificaciones en Estados Unidos y en Europa.

Para la MMT, la inflación es la principal variable que señala un problema en la economía, totalmente por encima del déficit fiscal. Además, muy importante, vincula la emisión monetaria y el posible déficit fiscal con la inflación, pero solamente en situaciones de mal manejo del Estado.

Dicho al revés: no asigna al déficit como causa central de la inflación, como sostiene la doctrina ortodoxa más básica de la economía conservadora, que dicho sea de paso, es la que se enseña en la gran mayoría de nuestras universidades.

En esencia, sostiene un concepto de sentido común: inyectar dinero en la economía, haciendo uso de la soberanía monetaria, cuando existe alta desocupación y muchos sectores ocupados de muy baja productividad y consiguiente baja calidad de vida, no debiera ser inflacionario. Si se administra adecuadamente el escenario, debe aumentar la producción y el consumo, llegando a correr el riesgo de una situación inflacionaria solo cuando se llegara a pleno empleo y la población dispusiera de más dinero en el bolsillo, sin una expansión de la oferta.

La profundización de esta idea para el país donde se elabora el concepto – Estados Unidos – es impecable y convincente.

Pierden fuerza los argumentos, sin embargo, cuando nos trasladamos a este país periférico y dependiente, por las siguientes razones:

. Las empresas hegemónicas de cada rama tienen aquí la potestad de trasladar a los consumidores no solo todos sus costos normales, sino también cualquier costo originado en ineficiencia productiva o de logística, e incluso sus expectativas de ganancia. Hay numerosos estudios de caso que pueden confirmar aumentos de precios motorizados por la empresa formadora de los precios. Desde los alimentos, a insumos básicos como la chapa de acero, el cemento y tantos otros, configuran así una cultura empresaria respecto de la variación de precios.

. La inflación apareció en la Argentina como variable preocupante durante el gobierno de 1946 a 1955. Allí la modificación de la distribución del ingreso de modo más equitativo para los más humildes, alterando la historia abusiva de más de un siglo, se produjo a ritmo acelerado, utilizando la fuerza de un Estado con fuerte presencia en el plano productivo y financiero.

De tal manera, aparecieron brechas entre la oferta y una demanda excedente de varios productos símbolo de calidad de vida, con una inflación que no superó el 20% anual, pero se extendió en el tiempo, creando una cultura no deseada.

Hacia el final de su gestión, el gobierno peronista intentó corregir esa situación y lo consiguió en el período 1952-54, llevando la inflación al 4% anual, a la vez que la deuda externa se mantenía cercana a cero. Los años posteriores, con la irrupción del FMI en los despachos oficiales, supervisando la política económica y los gobiernos respectivos, dócilmente, aceptando la liberación del tipo de cambio y la aparición de la deuda externa, marcaron el ingreso del país a un doloroso tránsito por la economía bimonetaria, del cual no se pudo o quiso salir en los 70 años que siguieron.

Se perdió – o se vendió o se regaló, como se quiera ver – la soberanía monetaria. Es muy importante – clave – entender qué significa esto.

Un país con soberanía monetaria puede emitir dinero que es aceptado por sus habitantes sin necesidad de tomar referencia de valor en otras monedas. Se compra y vende, se pide prestado, se invierte en la moneda soberana, sin dudar y con un único emisor de la moneda, el Estado, que también regula la moneda secundaria que generan los bancos al otorgar créditos.

Cuando mediante el acceso libre a ahorrar en otra moneda, que es medio de pago universalmente aceptado, pero obviamente no es emitida por el país, incentivando así la inseguridad hacia el futuro que genera la inflación, más pronto que tarde desaparecen todas aquellas posibilidades y certezas.

Si el Estado no dispone de esa facultad, como en la Argentina de casi siempre y en especial desde 1957, o en cualquier país del área del euro, o por supuesto en toda Latinoamérica y el resto del mundo periférico, se genera un nudo. Para la expansión de los medios de pago que atienda necesidades comunitarias o el crecimiento de la actividad productiva de cualquier índole, se necesita entonces contar con una moneda que el Estado no emite.  A partir de ese momento – entiéndase bien: solo a partir de ese momento – un Gobierno nacional debe administrar el frente externo de manera diferente al mercado interno. Debe administrar los ingresos y egresos de divisas del mismo modo que lo haría un particular o una empresa con sus actividades cotidianas, ya que no pueden emitir moneda, ni unos ni otros.

El problema se agrava si los ingresos de divisas por exportaciones o por inversiones externas o turismo o cualquier otra fuente son menores que las necesidades de pagos al exterior. Ni que decir si las inversiones extranjeras se convierten en una bomba de aspiración de divisas al exterior, porque se giran utilidades por décadas, sin necesidad de inversiones en el país, ya que se ejerce un poder hegemónico en el sector respectivo.

Aparece entonces la toma de deuda externa como forma de huir hacia adelante. Resuelve el problema presente y genera una dependencia insoluble hacia el futuro, en la medida que no se ataca la causa excluyente: estructuralmente, se dispone de menos moneda de la que se necesita, sin posibilidad de emitirla.

Se cumple una secuencia perversa e inexorable, en que el dólar pasa a ser seguro de valor, pero como su oferta es insuficiente, se toma deuda creciente, que se hace impagable, lo cual genera inestabilidad social y económica, incentiva la inflación, lo cual a la vez debilita no solo el ingreso popular, sino la posibilidad de conseguir dólares exportando.

La espiral, de tal manera, no tiene solución ni final.

DESANDAR EL CAMINO

Para tener alguna chance de salir de la trampa, resulta necesario, entonces:

. Desarmar la economía dependiente del dólar y recuperar plenamente la soberanía monetaria.

. Esa, a su vez, es condición necesaria para intentar reducir la inflación a valores mínimos.

. Reducir la inflación es condición necesaria, luego, para siquiera pensar que un ingreso ciudadano universal puede ser viable. En verdad, allí comienza la posibilidad de un debate serio sobre ese instrumento, frente a otras propuestas, esencialmente frente a la posibilidad de utilizar la soberanía monetaria, sin inflación, para generar trabajo universal, constituyendo al Estado como empleador de última instancia, para que el pleno empleo sea una opción concreta.

Estoy convencido que todo intento de cortar camino, buscando ampliar el universo de compatriotas con un ingreso garantizado, en el actual escenario, se constituye en una ficción, que nuestra falta de soberanía monetaria y nuestra inflación endémica, harían volar por el aire. Por esa razón, a continuación intentaré enumerar la serie mínima de circunstancias que deben darse para conseguir las dos condiciones enunciadas como previas, como condición para poder avanzar con el ICU.

LA RECUPERACIÓN DE LA SOBERANÍA MONETARIA

Argentina es un país con una dotación de recursos naturales, complementada con una estructura productiva industrial y un sistema de ciencia y tecnología de relevancia regional, que debiera – debe – insertarse en el comercio internacional vendiendo más de la que compra. Esto es: su balance comercial tendría que ser sistemáticamente positivo.

Con ese saldo favorable, adecuadamente administrado, debiera poder atenderse los pagos para cancelar progresivamente la deuda externa, regulando además otros flancos frágiles, como los giros de utilidades y regalías de las corporaciones multinacionales, el turismo en el exterior y la fuga de divisas del sistema como refugio de valor.

Quien leyera lo anterior, podría rápidamente concluir que quien lo escribió perdió la razón. Porque eso no es lo que pasa, de ninguna manera.

¿Por qué?

Empezando por una punta: ¿Por qué no tenemos balance comercial positivo permanente?

Por varias razones, de las cuales la lista que sigue contiene algunas de las más importantes:

. Las exportaciones de granos, harinas y aceites pueden ser – y son – trianguladas, subfacturadas, pesadas en defecto, generando menores ingresos mil millonarios.

. La minería genera concentrados primarios que se exportan sin más valor agregado y cuyo volumen, después de dos décadas, sigue registrándose por la declaración jurada del exportador.

. Las importaciones industriales de insumos y componentes son definidas sin ningún estímulo ni obligación de sustitución por producción nacional. La concentración en manos de filiales de multinacionales ha desintegrado las cadenas de valor de varias ramas, convirtiendo líneas de producción en líneas de ensamblado. Esto ha construido una dependencia ficticia de las importaciones, que puede ser revertida. Se sostiene que un aumento del 1% en la producción industrial provoca un 3% de aumento en las importaciones del sector. Ese hecho no es más que un diagnóstico del problema estructural, que debe ser modificado y no meramente descripto.

. La producción de bienes de capital, que es el componente más relevante para acercar un país a la independencia tecnológica, han sido sistemáticamente perjudicados por la política aplicada en los períodos neoliberales, sin que las débiles recuperaciones de los períodos de gobierno de otro signo, hayan podido revertir la tendencia declinante.

Cada uno de esos obstáculos es reversible, con los instrumentos adecuados y la dotación de funcionarios aplicados a la tarea.

Sigamos, ¿cómo se evita la influencia muy significativa del giro de utilidades y regalías al exterior, que en el período 2003-2015 fue equivalente al total del excedente comercial obtenido?

Es imperativa una modificación de la ley de inversiones extranjeras, considerada una de las normas más favorables para este flujo de capital en el mundo. Ese cambio debe traducir a un escenario práctico el hecho que las inversiones externas deben ser bienvenidas por su aporte tecnológico y por su generación de trabajo y valor agregado, pero no pueden ser parte del problema que nos deja sin divisas.

La forma de instrumentar este concepto es establecer la obligación de un emprendimiento en que participe capital externo de tener un balance global de uso de divisas al menos neutro.Eso incluye exportaciones menos importaciones directas e indirectas, pagos de utilidades y regalías, asistencia técnica o legal, préstamos externos. El incumplimiento debería acarrear sanciones mayores que el déficit creado.

¿Y el resto de los posibles egresos de divisas?

El principal es, obviamente, la cancelación de la deuda externa, que por el período de amortización, deberá ser considerado como un pasivo residual, cuya atención bloqueará la posibilidad de usar los excedentes generados en otras actividades, para procurar bienes importados necesarios.

Todo el resto debe ser regulado por el Estado, estableciendo su potestad de fijar cupos y paridades especiales según la disponibilidad y convirtiendo al manejo de divisas fuera del circuito oficial en una actividad ilegal. La compraventa de inmuebles en dólares; la compensación a contratistas del Estado, como la actividad petrolera, en dólares; los famosos contado con liqui o dólar blue; toda transacción similar deberá desaparecer del imaginario colectivo.

Lo anterior solo es posible si se establecen formas de ahorro que no puedan ser erosionadas por la inflación. Y mejor, si además la inflación migra hacia tasas canadienses o francesas.

Hay una relación circular. Se puede sostener una soberanía monetaria si no hay inflación. A la inversa: se puede aspirar a eliminar la inflación endémica si se complementa con la soberanía monetaria.

¿Cómo se encara la inflación?

La razón más directa y elemental para que haya inflación es que haya exceso de demanda sobre la oferta disponible de uno o más bienes.

Al convertir una moneda en mercancía y no solo ser un bien de cambio, como sucede con el dólar, la primera demanda excedente que debe evitarse, por todo lo señalado, es la de esa divisa. A ese punto se dirigió todo el detalle anterior.

El resto se concentra en dos actividades que los gobiernos argentinos deben aprender y asumir que se deben involucrar:

1. Utilizar sus déficits fiscales a promover nuevas actividades o mejorar la productividad de otras existentes, antes que a subsidiar corporaciones o personas.
2. Definir una normativa estricta para la regulación de quienes tienen posición dominante en el mercado. Parece por momentos increíble que tanto y tanto economista que ha estudiado desde sus años mozos el efecto distorsivo de un monopolio u oligopolio, niegue sus efectos cuando los tiene a la vista en la economía real.

Estas dos condiciones requieren además un Estado que regule la actividad financiera; que evite que el sistema bancario se convierta en un factor de inflación de costos.

En tal nuevo contexto, bien diferente del actual – recién allí – se puede entender viable que un gobierno tome acciones de naturaleza monetaria que sean redistributivas o compensatorias para los más humildes.

LA VIABILIDAD

Tal vez sea aburrido y cargoso, pero reitero mi tesis central: Antes de aplicar un ICU, un gobierno popular debe recuperar plenamente la soberanía monetaria y eliminar la inflación.

Para lograr ambas cosas deben suceder todos los eventos estructurales que se han detallado de manera muy condensada a lo largo de unas pocas páginas.

¿Algún lector considera viable que eso ocurra en un plazo breve?

Aun cuando se admita que mi razonamiento no ha sido forzado – no creo que lo fue -, cualquier analista político debe advertir la cantidad de batallas ideológicas y de poder que habrá que librar para conseguir los cambios y adecuaciones señaladas.

Si el realismo señala que ese camino será arduo y obligará a desmenuzar cada una de las medidas necesarias, a diseñar una estrategia para cada una de ellas, ¿por qué admitimos sin más que la instalación de un ingreso ciudadano univeral es cuestión solo del dictado de una ley, aunque ninguna de las condiciones previas se haya cumplido?

¿Tenemos presente que esto no se aplicó nunca en el mundo, más que a fracciones marginales de la población? Se discute y discute un ingreso universal pero no como paliativo a la pobreza, sino como un concepto aplicable justamente a países con mínimas tensiones financieras, como forma de simplificar el cuadro impositivo y con conceptos que vienen desde la academia sociológica, en escenarios que nada -pero nada – tienen que ver con la realidad argentina presente.

¿Cómo no advertimos que la primera y banal pelea será alrededor de cómo financiar un egreso tal, en los términos equivocados de análisis del déficit fiscal que el MMT descalifica con justicia, pero que aquí son pertinentes ante la falta absoluta de soberanía monetaria?

¿Qué avance representará que en lugar de subsidiar los egresos de 3 Millones de personas, suma del universo que percibe AUH o el salario social complementario, lo hagamos con 5 a 7 Millones, cuando el problema de insuficiencia de ingresos ya abarca a mas de 10 Millones de trabajadores potenciales y no deja de aumentar?

¿Cómo evitaremos iniciar una carrera contra los formadores de precios y los bancos para que la inflación no licúe el ICU, a menos que estemos de acuerdo en recorrer una espiral inflacionaria creciente modificando los valores del ICU a la velocidad que los formadores de precios nos marquen? ¿No sabemos acaso cómo termina esto?

 

 

EL VERDADERO CAMINO

La vía recomendable para encarar a fondo la pobreza no puede ser aguantar hasta que Argentina recupere plenamente su soberanía monetaria y elimine la inflación como problema. Esto sería socialmente injusto y políticamente inviable por irreal.

Tampoco puede ser suponer que las restricciones de marco no existen y que con solo decir esto, podemos tomar cualquier sendero, que será sustentable.

La única alternativa a mano de un Estado estudioso, aplicado, respetuoso de su compromiso con los más humildes, es avanzar con la menor vinculación o dependencia posible con el flanco monetario o financiero, lejos de la restricción externa.

Eso es, simplemente, el trabajo. El trabajo para todos.(TPT)

La corriente de pensamiento económico que hemos presentado como MMT llega a la misma conclusión. Es más, algunos de sus miembros han sido asesores del gobierno argentino en 2002 cuando se creo el programa Manos a la Obra y mencionan este escenario como uno de los ejemplos exitosos.

Nosotros en el IPP hemos elaborado la idea hasta definir algunas condiciones de contorno que creemos le dan máxima seguridad de éxito a un programa TPT. Ellas son:

. A diferencia del programa Manos a la Obra o similares, no se debería hacer eje en preparar a los compatriotas para que se sumen al mercado, a la economía capitalista, organizados en pequeñas unidades o incluso de manera individual. No se trata de mejorar la oferta laboral. Esta manera lleva a incluirse en términos subordinados o incluso fracasar.

. El Estado debería definir macro programas de desarrollo, que atiendan necesidades sociales básicas. A esos programas el Estado concurriría como “capitalista social” una figura especial que consideramos define un capitalista que reproduce su capital y por lo tanto tiene continuidad en su capacidad de inversión, pero no busca maximizar su ganancia, como en principio hace cualquier capitalista tipo.

En un documento preliminar, que se cita en el anexo, se desarrollaron tres ejemplos:

. Producción de millones de lotes urbanizados y su venta al alcance de los sectores menores recursos;

. Diseminación masiva de la energía renovable, tanto eólica como fotovoltaica, a escala doméstica, industrial o de edificios públicos;

. Forestación de al menos 1 millón de hectáreas, con industrialización a través de emprendimientos articulados a una política de recursos renovables.

En los tres casos y en varios más al alcance de expertos en desarrollo local y regional, el Estado no subsidiaría eslabón alguno de la actividad, simplemente los promovería con adecuados estímulos impositivos y financieros.

. Como coronación de un programa TPT, el Estado debe asumirse como empleador de última instancia. Eso significa que cualquier persona entre 18 y 65 que esté en condiciones de ser entrenada al efecto y trabajar, podría solicitar incorporarse a un programa, en el que se le retribuiría con un salario que pasaría a ser referente de piso para el mercado, a la vez que se mantendría como estímulo para transferirse a un trabajo independiente mejor remunerado.

Stephanie Kelton, en el libro citado en el anexo, define para esta instancia un título global: “El cuidado”. Le da a ese término un sentido mucho más amplio que el que otorgamos en estas playas. Además del cuidado de personas, incluye el cuidado de la infraestructura y el cuidado del planeta en general, como condición necesaria indiscutible para que la civilización tenga un futuro defendible.

Resumiendo y en parte reiterando:

. Debemos tener programas de desarrollo marco, de gran capacidad de generar trabajo, como los tres enunciados, a los cuales se pueden agregar todos los elementos para la producción local de los alimentos; el estímulo a las cooperativas de vivienda y así siguiendo. En estos proyectos, sin excepción, el Estado debería ocupar el papel que hemos llamado de Capitalista Social.

. Como complemento, el Estado debe ser el empleador de última instancia de todos aquellos en condiciones de trabajar, dejando por lo tanto la ayuda social directa limitada a aquellos que de manera circunstancial o permanente no están en condiciones físicas de sumarse a un colectivo laboral. Ese ámbito se organizaría alrededor del Cuidado, tanto de las personas, como del hábitat y el ambiente.

Una estrategia como la presentada se podrá desarrollar en paralelo con la búsqueda de la soberanía monetaria y de la eliminación de la inflación sistémica. Ambos problemas seguramente obstaculizarán un programa TPT, pero no impedirán su realización, en la medida que se evite depender de limitaciones monetarias o financieras o cambiarias.

Creemos firmemente que es posible. También creemos que avanzar hacia un ICU que busque reducir la pobreza con transferencias monetarias; acompañado de programas de trabajo genéricos, sin definir metas ni actividades ni productos, es un camino de derrota.

Justamente el tercer componente de la propuesta preliminar oficial, marca por contraste, lo que hay que hacer, correctamente. Definir un programa de urbanización de 4000 villas y asentamientos es una obligación social y política, que exige enorme cantidad de tareas de detalle, pero se constituye per se e inmediatamente en un compromiso ineludible, de imposible cuestionamiento en ámbito político alguno.

Les invito a conocer un mínimo de bibliografía asociada a todo lo expuesto en este documento, citada en el Anexo, para recién luego pasar a tomar posición sobre esta cuestión estructural bien de base.

 

4.7.20

Enrique M. Martínez

IPP

---

 

ANEXO

The Déficit Myth – Stephanie Kelton (junio 2020)

 

Muy didáctica exposición de las razones por las cuales un país con soberanía monetaria puede y debe relativizar las aprensiones sobre el déficit fiscal y por el contrario debe poner en el centro de la escena los déficits sociales, como educación, salud, pobreza, calidad del ambiente.

Propone categóricamente un programa en que el Estado se asuma como empleador de última instancia en el escenario que llama “el cuidado”.

 The Case for Universal Basic Income – Louise Haagh (2019)

Explica con centenares de citas académicas que recorren todas las discusiones contemporáneas sobre el tema los fundamentos de un ingreso básico universal. Son de naturaleza filosófica y adicionalmente buscan simplificar la estructura impositiva de un país. La discusión está encuadrada esencialmente en los países desarrollados y muy especialmente se señala que este programa no debe ser considerado de aplicación parcial para resolver situaciones de pobreza de un país.

 The Case for a Job Guarantee – Pavlina Tcherneva (2020)

La autora es miembro del MMT y participó del grupo que asesoró al gobierno argentino cuando se creó el programa Manos a la Obra.

Este libro profundiza la intervención del Estado como empleador de última instancia. Queda claro que la autora no coloca en su marco lógico la posibilidad de un programa que encapsule una fracción apreciable de la población en tareas de baja productividad. Sistemáticamente, en enfoque es hacia programa integrales, que cubran flancos definidos de las necesidades comunitarias, con un ingreso garantido que satisfaga consumos básicos, pero que sea estímulo para el traslado a actividades que reporten mayores ingresos personales.

 

¿Ingreso básico o trabajo universal? – Motor Económico – Enrique M. Martínez (mayo 2020).

 http://www.motoreconomico.com.ar/economia-solidaria/ingreso-bsico-o-trabajo-universal