El pasado mes de mayo la comisión de Ciencia y Técnica de la Cámara de Diputados decidió enviar el proyecto de Ley de Transferencia Tecnológica a la Producción Popular – impulsada por el IPP- a la Comisión de Presupuesto, en un dictamen con disidencia de los representantes de Cambiemos.
El proyecto fue presentado en septiembre de 2016, con el apoyo de 1.100 representantes del ámbito de la Ciencia y la Técnica que firmaron un Manifiesto por la Transferencia Tecnológica para la Producción Popular. La iniciativa fue impulsada por la diputada Lucila de Ponti,del bloque del Peronismo por la Victoria, y fue apoyada por la presidenta de la Comisión de Ciencia y Técnica, Daniela Castro, del Partido Justicialista de San Juan y otros 10 diputados de distintas fuerzas políticas.
La disidencia de los legisladores de Cambiemos es la forma de financiación que prevé el proyecto, que consiste en la creación de una tasa especial del 2% en el Impuesto a las Ganancias de quienes pagan más de 50 millones de pesos anuales de tributo. Esa partida está pensada para pagar los servicios de transferencia tecnológica a la producción popular, que sean verificables en instituciones que reciben un financiamiento público mayor al 20%.
“Corremos el riesgo de que otros sectores productivos también quieran un tratamiento especial si aprobamos esta ley”, argumentó el informante del bloque oficialista. Una excusa que no contempla que en la actualidad, salvo los pequeños productores populares, todo el resto recibe subsidios, créditos blandos y ventajas impositivas que les permiten mejorar su posición en el entramado productivo.