Una cuarta parte de los colombianos resuelve su provisión de agua para consumo mediante organizaciones comunitarias que constituyen un reaseguro para la calidad sanitaria y el cuidado ambiental de los cauces que utilizan para obtener el recurso. En los últimos años, la actividad de los acueductos se vio afectada por el avance furioso de la minería contaminante y de las corporaciones que buscan convertir el agua en una mercancía. Las organizaciones buscan impedir ese avance lucrativo mediante la sanción de una ley que reconozca el derecho de los ciudadanos a gestionar su consumo de agua.
La Superintendencia de Servicios Públicos de Colombia estima que existen cerca de 15.000 organizaciones populares, conformadas por vecinos y vecinas, que trabajan para garantizar el suministro y acceso al agua a sus familias. Son instituciones que administran unos 12 mil acueductos que toman el agua de cuencas locales para asegurar el consumo en zonas rurales y barrios periféricos de las grandes ciudades. Es una solución económica, saludable, que genera lazos solidarios en la comunidad.
Este sistema popular, que ha servido para brindar un servicio indispensable dándole el protagonismo a la población, cuenta con una serie de ventajas respecto de las grandes infraestructuras que dejan al ciudadano en el papel de mero pagador de facturas por un servicio del que desconoce todo. Los acuedutos comunitarios resultan beneficios porque:
- Son redes descentralizadas que toman el agua de microcuencas cercanas y que en la mayoría de los casos están administradas directamente por las comunidades.
- Son elementos fundamentales para el desarrollo local porque el cuidado del recurso está garantizado al ser ellos mismos los beneficiarios.
- Crean identidad con el territorio. Hay un compromiso de todos por el bien común, se fortalece el tejido social.
- Son fuentes de empleo y capacitación.
Los acueductos forman parte de la historia de estos pueblos y constituyen un ejemplo de que no hace falta la intervención de una megaempresa para que el recurso acuífero llegue a sus casas. Es una práctica habitual que se daba sus propias políticas en función de las necesidades de cada región hasta que en las dos últimas décadas la irrupción de la minería contaminando las cuencas acuíferas y el avance de los proyectos privatistas que buscan hacer un negocio del agua potable, pusieron en alerta a estas comunidades y provocaron una crisis que abrió un debate interesado sobre la conveniencia del sistema.
La primera reacción fue agruparse y lanzar una campaña nacional, en 2006, bajo el lema: “El agua es un bien público”. Dos años después, con esa consigna juntaron más de dos millones de firmas para organizar un referéndum que propone la consagración del agua potable como derecho fundamental; el suministro de un mínimo vital gratuito (la Organización Mundial de la Salud lo establece en 7,5 litros diarios); la protección especial y el uso prioritario de los ecosistemas esenciales para el ciclo hídrico; y la gestión pública, estatal y comunitaria, del servicio de acueducto y alcantarillado.
En tres oportunidades el Congreso se negó a convalidar ese llamado al referéndum por la presión del oficialismo, que se opone a apoyar un proyecto que le pondría límites a las mineras. El senador Jorge Prieto, dirigente campesino e integrante de la Alianza Verde, denunció: “El Gobierno nacional está interesado en que no pase el proyecto del agua como derecho fundamental porque responde más a los intereses de las multinacionales del petróleo, del carbón, a quienes les ha dado prelación. Miremos el carbón en La Guajira donde ordenaron trasladar un río, modificar el curso de un río, de una quebrada, el río Ranchería para que la multinacional del carbón pueda enriquecerse aún más sin tener en cuenta los perjuicios que le causó a los campesinos, a los indígenas y a los niños especialmente que han venido muriendo durante todos estos años de sed y también de hambre”.
La corroboración de esta opción del gobierno colombiano por el avance de las corporaciones y la privatización del sistema quedó de manifiesto cuando el oficialismo nombró como responsables del manejo del agua potable primero a Leyla Rojas y luego a Sandra Suárez, dos ex ejecutivas de la multinacional CCX, dedicada a la minería, el sector productivo que está poniendo en crisis los acueductos en distintas regiones de Colombia.
La Red de Acueductos Comunitarios busca resistir la idea de entregar el recurso hídrico a las empresas. Frente al argumento de ineficacia y descontrol que plantea el gobierno de Juan Manuel Santos, el periodista Jua Pablo Ruíz Soto plantea un ejemplo de lo contrario en una columna publicada en el diario El Observador: “La historia en Boyacá evidencia lo contrario. Según el Instituto Nacional de Salud (Sivicap, Informes 2013-2015), en el año 2013 las empresas privadas abastecían de agua al 43 % de la población boyacense y los gestores comunitarios al 57 %. Para el año 2015 los privados abastecían el 37 % y los comunitarios el 63 %. Esta dinámica nos señala que en Boyacá, como en muchas otras regiones de Colombia, los acueductos comunitarios son más eficientes y efectivos que los privados. Lo más relevante es que, cuando la autogestión comunitaria construye y mantiene la infraestructura y realiza los cobros para cubrir los costos del servicio de suministro de agua, se valida y exige una buena relación de la comunidad con su entorno, generando un mejor y más consciente manejo de los ecosistemas como reguladores hídricos naturales”.
Para más información sobre este tema:
http://redacueductoscomunitarios.co/
https://www.elespectador.com/opinion/acueductos-comunitarios-vs-privatizacion-columna-722008