La crisis civilizatoria evidenciada por la pandemia de coronavirus es más amplia y profunda que los riesgos de sobrevivencia física que aparecen de inmediato.
Todo analista imagina que el avance científico alcanzado, sumado a la sensatez de tratamiento, que tarde o temprano debe diseminarse en el mundo, detendrán este apocalipsis. También pronostica que, a continuación, debe construirse nuevas certezas en varios planos de la vida, ya que la enfermedad se habrá llevado por delante algunas ideas que se creía intangibles sobre la organización social y económica.
Hasta aquí, en ese estadio general, hay acuerdos generalizados.
Cuando se entra a los detalles, queda en evidencia, sin embargo, que se trata de acuerdos superficiales o demasiado parciales, para concluir que nos llevan a un nuevo mundo.
Tal vez en la Argentina esté demasiado en carne viva un debate no saldado, acerca de la importancia del Estado en la sociedad, a la cual el gobierno neoliberal degradó y bastardeó de una manera superlativa. Esta cuestión ahora queda rotundamente cerrada. Sin un Estado presente en la mayoría de los flancos que determinan nuestra organización social, es imposible que situaciones tan traumáticas como esta pandemia puedan ser administradas sin caer en el caos y el genocidio interno, por acción o por omisión.
Pero no podemos considerar que aclarar este punto sea un avance sustancial en nuestro proyecto como país. En efecto, esta disyuntiva entre Estado presente o Estado mínimo ya está resuelta en el mundo desarrollado, donde las sociedades más organizadas y vivibles tienen una participación del Estado amplia, tanto en términos de funciones como de presupuesto asignado, claramente mayor que en Argentina.
La verdadera discusión que requiere la post pandemia es quién y para quiénes conduce el Estado, que se da por sentado debe ser un Estado presente, poderoso, eficiente, con influencia en la vida cotidiana.
Debajo de ese debate marco, caben varios más, de naturaleza sectorial. Si el Estado debe administrar en forma directa todo aquello que se considere un servicio esencial o si debe regularlo y controlarlo. Si el Estado debe producir bienes para el mercado o no, a excepción de los rubros anteriores. Si la comunidad debe aumentar su participación en la estructura productiva y de servicios o si debe mantenerse el esquema delegativo actual, donde los votantes entregan un mandato abierto de gestión a sus elegidos. Así, varias cuestiones similares más.
Estos dilemas se plantearán con fuerza creciente, especialmente en el mundo central.
En paralelo a esos fuertes debates, por estas playas nos permitiremos sacar el velo sobre cuestiones como:
- La conectividad telefónica e informática en general es regular a mala o nula en amplias regiones del país.
- La generación y distribución de la energía, controlada por varios segmentos privados, al ser pensada como negocio y no como servicio, necesita ser replanteada de principio a fin.
- La superposición de tres sistemas de atención de salud puede parecer un avance respecto de otros países de la región, pero nos lleva todo el tiempo a priorizar la atención dada a los intereses privados por sobre el interés general. Tenemos salud de primera y de cuarta en la Argentina.
- Las diversas cadenas de valor de producción de alimentos están distorsionadas a favor de los intereses de eslabones que se piensan estrictamente como negocio, en perjuicio grosero de la calidad de vida general. En algunos subsistemas en tema se agrava porque la hegemonía está en los intereses exportadores, que razonan en desmedro de la comunidad nacional.
- La educación pública dista mucho de ser apoyada en términos concretos en la dimensión necesaria. El replanteo también aquí debe ser sustancial.
Todas las situaciones mencionadas y algunas más seguramente omitidas, necesitan decisiones públicas que implican cambios fuertes de tendencia, para poder creer y sostener que vamos en la dirección correcta. En ningún caso la mejora puede provenir de simples negociaciones entre los actores, sino que dependerá de la aparición de actores nuevos y de otras modalidades de asignación de recursos humanos y económicos.
Agregada a lo anterior, está la necesidad de superar una caracterización del universo de trabajadores que tiene más de un siglo y no registra algunos cambios que hoy son muy necesarios.
Cuando el peronismo llegó al poder en 1946 se encontró con un país donde la desocupación no era el problema central, sino la movilidad social. El problema no era trabajar, sino evitar la explotación de millones, como cultura dominante.
En tal marco, un gobierno popular se preocupó por fortalecer a los trabajadores frente a los empleadores, agregando en paralelo sistemas de protección y asistencia social, para complementar los ingresos de los más humildes. No solo los ingresos, ya que los planes de vivienda, de educación pública, la universidad obrera, un banco industrial fuerte, fueron componentes dinamizadores de una enérgica movilidad social ascendente.
Setenta años después, los cambios en el poder relativo, tanto en el país como a escala global, son enormes. El nuevo escenario mundial no solo tiene cambios cuantitativos de gran envergadura, como la consolidación de la hegemonía brutal de las finanzas, sino cambios cualitativos, provocados por convivir con la desocupación, la pobreza y la exclusión por más de una generación, en simultáneo con una concentración productiva que no parece tener límites.
Esto no solo muestra que se ha evaporado toda lógica de movilidad social ascendente promovida desde el Estado, sino que se ha llevado la atención preferente de los gobiernos, cualquiera sea su signo ideológico, a los siguientes grupos componentes de la población económicamente activa (PEA):
- Los empresarios.
- Los trabajadores en relación de dependencia, tanto en el sector privado como en el sector público.
- Los excluidos, con pobreza límite, en términos asistenciales de emergencia.
Esta situación deja fuera de la mira gubernamental a aproximadamente el 40% de la PEA, que son los desocupados que buscan trabajo de manera activa y, sobre todo, las numerosas profesiones y oficios independientes, que tienen ocupación plena, pero no están en relación de dependencia. Tan invisibles son estos trabajadores para las políticas oficiales que se los suele considerar changuistas, trabajadores ocasionales, lo cual es totalmente inexacto.
Esta franja también existía en tiempos de plena o alta ocupación, pero justamente constituía un ámbito con alta movilidad social, ocupado por opción en gran medida y no por resignación. Cuando el horizonte se cierra y la inseguridad aumenta, la perspectiva se modifica y el trabajo estable, aunque sea dependiente, pasa a ser el favorito. Es la misma situación de hace un siglo, donde los más humildes aspiraban a ser empleados de banco o maestros. Hoy, las figuras son policía, gendarme o enfermera, para los de menor nivel educativo, o el ingreso a una multinacional, para los más formados.
No es este el lugar para profundizar al extremo estos conceptos, pero no cabe duda que estamos tan lejos de encararlos que lo primero es conocerlos. Tanto es así, que un gobierno como el de Alberto Fernández que está teniendo un desempeño de alto vuelo frente a crisis acumulativas que debe soportar casi sin ocupar los sillones, muestra su flanco más débil en el tratamiento de la situación de aquellos que dejan de tener ingresos en el momento que la pandemia obliga a una cuarentena. No solo la retribución prevista es inadecuada, porque un monotributista recibe una compensación menor que quien no trabaja en absoluto y percibe el salario social complementario, sino que falta una caracterización más precisa del presente y futuro de ese universo. Esto es consecuencia de la falta de atención de los sucesivos gobiernos a una realidad que cambiaba a medida que el capitalismo se hacia más y más excluyente.
Hemos hecho este suscinto e inevitablemente insatisfactorio resumen con un objetivo central: Nos parece crucial enterrar los reclamos de un Estado mínimo. Sin embargo, a la vez, nos parece igualmente clave evitar sostener que un Estado presente es el que controla los precios, administra la pandemia, otorga mejores créditos a las empresas y subsidia a los perjudicados.
Es cierto. Está presente sin objeciones y bienvenido. Ahora hay que dotarlo de un imaginario colectivo que nos lleve más cerca de la justicia social, expresada en las necesidades del siglo 21. Mas arriba, están algunos desafíos a superar. Vamos con todos.
Enrique M. Martínez
Instituto para la Producción Popular
23.3.20
Gabriel
Gracias por el artículo. Me interesan los temas sobre Geopolitica.