La falta de una campaña de difusión masiva, los programas provinciales que se quedan en los enunciados, el escaso interés político de procurar la continuidad de estas experiencias en pequeños municipios y la exclusión de sectores populares con poca capacidad de organización y expresión de demandas; son algunos de los inconvenientes que impiden que el sistema de Presupuesto Participativo pueda arrancar en la Argentina, pese a que a se han cumplido 14 años desde la primera experiencia de este sistema organizada en Rosario.
Actualmente hay 56 municipios que, con distinto grado de compromiso, han adoptado políticas que prevén una partida presupuestaria para las decisiones impulsadas por la demanda directa de los ciudadanos, pero apenas el 0,5 por ciento de sus pobladores participa de las asambleas que definen los temas y proyectos a desarrollar.
Entre esos municipios hay 10 capitales provinciales con Presupuesto Participativo, pero la enorme mayoría de sus habitantes lo desconoce. Es lo que sucede, por ejemplo, en La Ciudad de Buenos Aires, que acaba de decidir una partida de 3 millones de pesos para el “fomento del Presupuesto Participativo” en 2017, una cifra intrascendente para una ciudad que prevé gastar 12 mil millones de pesos el próximo año.
Las escasas cifras disponibles en la Argentina sobre el desarrollo de estos modelos de participación ciudadana, que están ampliamente difundidos en Europa y algunos países de la región como Brasil y Colombia, obligan a remitirse a las estadísticas que en 2011 publicó la Universidad de General Sarmiento, con apoyo de la Unicef, en un trabajo que sistematizó las experiencias en 43 municipios que habían iniciado políticas de Presupuesto Participativo.
En ese documento, titulado Experiencias y buenas prácticas en Presupuesto Participativo, queda claro que el camino de esta propuesta democrática novedosa recién empieza a recorrerse en el país. En promedio, el presupuesto que los municipios destinan a las decisiones de las asambleas de vecinos es del 1,8 por ciento. Esa pequeña partida de financiamiento guarda relación con la pobre participación. Pese a que en los municipios que han comenzado a desarrollar el Presupuesto Participativo viven 11 millones de argentinos, en promedio poco más de 50 mil han participado de esa experiencia de democracia directa.
El ex responsable nacional del Programa de Presupuesto Participativo, Pablo Caruso, identificaba en 2014 tres grandes problemas que afronta la propuesta: “Aparición de demandas por parte de la población que son ajenas a la competencia del gobierno local, reintroducción del clientelismo sobre estas nuevas formas políticas y la exclusión de intereses de sectores sociales con menor capacidad de organización y expresión de demandas”.
En estos tres tópicos queda de manifiesto la falta de una reglamentación clara que atienda estas cuestiones, unifique un criterio e impida estas desviaciones. En varias experiencias provinciales puede notarse que la falta de información para promover la participación lleva a utilizar al Presupuesto Participativo para que un pequeño grupo decida impulsar medidas que se iban a tomar de todos modos como el asfaltado de calles o el mejoramiento de caminos, y que son presentadas como una conquista de los vecinos a la que el intendente de turno les da curso mientras resalta con un discurso encendido su compromiso democrático.
No obstante, pueden rescatarse algunas experiencias que podrían tomarse como puntos de partida para el desarrollo de esta modalidad. Un ejemplo es la provincia de Entre Ríos, cuya Ley de Municipios institucionalizó la instrumentación de la participación de los vecinos en las decisiones presupuestarias. También hay que destacar la continuidad de Rosario, la ciudad pionera, que en 2017 invertirá 209 millones de pesos en 54 proyectos elegidos por 64 mil rosarinos.
El mundo participa
Las mencionadas trampas que pueden darse cuando el sistema no tiene un marco legal y una continuidad asegurada por un proyecto de verdadera delegación democrática no invalidan las enormes posibilidades que tiene el Presupuesto Participativo como herramienta de cambio político.
En muchas regiones del mundo la experiencia viene ganando terreno en las últimas dos décadas. En julio de este año Portugal se convirtió en el primer país que adopta la política del Presupuesto Participativo a nivel nacional. El Parlamento luso está aprobando en estos días las primeras iniciativas surgidas de los proyectos más votados. El programa es presentado como una forma efectiva de mejorar el gasto público, sin apelar a las recetas de ajuste neoliberales.
Claro que el sistema no se aparta de las dificultades económicas europeas. Un grupo de legisladores de Lisboa, la capital portuguesa, denunció este miércoles que de 88 proyectos aprobados en su parlamento desde 2014 por la vía de la participación ciudadana, hay 51 que ni siquiera comenzaron a ejecutarse.
Desde 2000, en toda Europa se generalizaron las experiencias de democratización del presupuesto comunal. Para 2004, se calculaba que había más de 2 mil pueblos y ciudades que lo habían puesto en marcha, aunque no todos han logrado mantener una continuidad. En España e Italia la movida llegó de la mano de las ciudades gobernadas por la izquierda, pero en Alemania comenzó en 1998 con un proyecto denominado “Ciudades del Futuro” en la región de la Selva Negra, organizada por grupos de derecha y, más tarde, alianzas entre partidos locales, sindicatos y algunas empresas.
Si bien muchas de estas experiencias se inspiraron en las políticas aplicadas en la comuna brasileña de Porto Alegre, la pionera y la que supo exportar la idea mediante la organización URBAL 9, hay una variedad muy interesante de formas de poner en práctica este sistema. En la mayoría de los casos se respeta la propuesta original de trabajar sobre dos dimensiones: la territorial, basada en la organización de asambleas barriales o sectoriales que proponen y debaten; y la temática, en la que se organiza el temario a discutir en esas asambleas.
La mayoría de los municipios europeos que adopta estas políticas opta por la participación individual de los ciudadanos. Pero en otros casos, como en el ayuntamiento español de Albacete, se convoca sólo a representantes de organizaciones sociales.
También hay una modalidad alternativa en ciudades como Murcia, que en el presupuesto de 2017 destinará casi el 10 por ciento de sus previsiones de gasto a iniciativas votadas por los ciudadanos. En este caso no se trata de una participación directa sino que los pobladores votan qué partidas consideran prioritarias a partir de un listado de temas y obras preconcebido, que surge de relevamientos que se hacen durante todo el año.
Las iniciativas de Presupuesto Participativo tienen un costado afín a la estructura de poder capitalista. El Banco Mundial, la CEPAL y UNESCO han auspiciado este tipo de proyectos. Su argumento es que estas políticas mejoran la efectividad en las inversiones comunales en momentos en que el mundo globalizado tiende a desfinanciar a las ciudades por la baja de impuestos, algo que las estructuras centralizadas y burocráticas clásicas no pueden afrontar.
Pero también pueden ser instrumentos para atender demandas insatisfechas de los ciudadanos y desarrollar políticas alternativas a la economía basada en el lucro, justamente porque puede atender necesidades primarias de los barrios, con problemas que muchas veces atraviesan las clases sociales y las diferencias que establece el modelo consumista. Naturalmente para que esta premisa se cumpla es necesaria una amplia difusión del sistema que incentive a todos los ciudadanos a participar, proponer y debatir. Por ahora, en la Argentina ese horizonte está lejos.
Lectura recomendada para ampliar esta información: https://www.unicef.org/argentina/spanish/monitoreo_sistematizacion_PresupuestoParticipativo.pdf