El anuncio de la autorización del gobierno estadounidense a reabrir la importación de limones desde la Argentina fue celebrado por el Gobierno y los medios como un gran logro para el país. Pese a que la Argentina es líder mundial en la exportación de este fruto, que factura más de 450 millones de dólares anuales, la mayoría de los trabajadores del sector vive en condiciones indignas y tiene que emigrar de su provincia para poder subsistir. Un claro ejemplo de falta de democracia económica.
La apertura de mercados, el crecimiento y las inversiones son conceptos habitualmente valorados y asociados al desarrollo y el bienestar general. La industria del limón en la Argentina es una demostración de la falsedad de esas premisas. En las dos últimas décadas, ha logrado liderar el mercado mundial, tuvo un crecimiento económico espectacular y atrae a inversores interesados en el negocio.
Sin embargo, los trabajadores que cosechan y empaquetan los limones reciben pagos miserables, trabajan muchas veces en condiciones de esclavitud y pasan la mitad del año deambulando por otras provincias como “peones golondrina” porque la tarea de cosechar el cítrico les demanda entre tres y cinco meses. El resto del año, los gobiernos provinciales les financian el viaje a otras regiones productivas y les mantienen una mínima cobertura, un paliativo aceptado también por las organizaciones gremiales que nuclean a los trabajadores citrícolas.
Un ejemplo de este abuso es el fallo de la Cámara Federal de Tucumán, que el 20 de febrero procesó por trata de personas para explotación laboral al ex CEO de la citrícola San Miguel, Benigno Banegas, al apoderado de la firma, Felipe Indalecio Racedo y a los subcontratistas Fernando Manuel Seone y Luis Fernando Rico, una causa abierta en 2013.
San Miguel es la empresa que lidera la exportación de limones a nivel mundial y concentra el 30 por ciento de las exportaciones nacionales. La acusación judicial en la que se procesó a sus representantes resume las condiciones en que gran parte de los trabajadores de la industria del limón desarrollan su actividad: dormían en colchones en el piso, contaban con un solo baño para todos, no tenían agua caliente ni elementos de limpieza, se les descontaba el alquiler, se alimentaban únicamente a base de fiambre y a muchos de ellos no les permitieron tener ni su DNI ni celular.
Los subcontratistas acusados son intermediarios, un eslabón central de la cadena de valor, que no participa en ningún proceso productivo y se aprovecha de las necesidades de los peones. A las grandes empresas les resuelven no tener que hacerse cargo de emplear a los trabajadores, cuyas actividades son temporales.
Esta explotación se da en un marco de crecimiento sostenido de las ganancias empresarias. Dos días después de que la Justicia determine el procesamiento a los directivos de San Miguel, el diario El Cronista publicó una nota sobre la reapertura de capital de la empresa en la bolsa porteña para captar 50 millones de dólares que le permitan llevar adelante su plan de expansión.
Allí, el actual CEO de San Miguel, Román Cornielle, se ufanaba: «Lo que sobra es plata y lo que faltan son buenas ideas. Y cuando vos mirás los números, San Miguel viene entregando consistentemente un resultado mejor: sube la facturación, sube el margen de EBITDA (índice de beneficio bruto de explotación), crece el retorno sobre el capital invertido. Entonces, cualquiera que nos esté mirando, desde el punto de vista financiero, va a tener interés. Queremos ser la próxima multinacional argentina».
Pequeños productores sin derechos
El permiso del gobierno de los Estados Unidos al ingreso de limones argentinos, obtenido luego de la visita de Mauricio Macri a ese país en los últimos días de abril, no plantea ningún cambio a la situación laboral del sector. Tampoco se busca el desarrollo de pequeños productores que puedan incorporar a los trabajadores a la actividad de forma independiente.
La concentración es tal que la diferencia de oportunidades entre los productores pequeños, con menos de 100 hectáreas, y las cinco empresas líderes es enorme. Un trabajo publicado en 2013 por el Instituto Gino Germani, de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, a cargo de Susana Aparicio y María Inés Alfaro, analizó las características de la producción de limones en Tucumán (95 por ciento del total nacional) separando a los productores por su perfil tecnológico.
Las fincas de productores pequeños, según esa investigación “reciben asesoramiento técnico ocasional. No poseen estructura comercial y su producción se vende, mayoritariamente, a fábricas, aunque una pequeña parte se destina a exportación para fruta fresca y otra al mercado local, también en fresco. Estos productores ocupan 20% de la superficie cultivada con limón de la provincia (unas 7.000 hectáreas) y producen 10% de la producción total (120.000 toneladas). El rendimiento promedio es de 20 toneladas por hectárea y por año. Comparando con el nivel o perfil tecnológico alto (el de las cinco grandes firmas), se observa que éste ocupa la mitad de la superficie implantada y tiene un rendimiento tres veces superior al del nivel bajo, haciendo que la producción represente 70% del total”.
Estos datos desalientan cualquier intento autogestivo y llevan a los pequeños productores a depender absolutamente de las decisiones de las grandes empresas concentradoras. Las provincias involucradas optan por el reparto de planes que mantienen la atención primaria de la salud, les dan un magro ingreso y les facilitan a los cosecheros el viaje a otras provincias para ser explotados en otras actividades agrícolas.
Esa modalidad ha sido apoyada con entusiasmo por las autoridades. «La provincia le da la oportunidad a estas 25 mil personas de acceder a los beneficios de la seguridad social a tener un trabajo registrado y a ganar su sustento diario trabajando en la época en que las economías regionales de Tucumán están paradas», resumió el secretario de Trabajo de Tucumán, Néstor Di Lullo, en una entrevista de LV12.
El actual director de Empleo tucumano, Pedro Lazarte, ya había fijado su posición en 2010, cuando era director de Programas Especiales y destacaba las ventajas del trabajo precario: “Nosotros seguimos sosteniendo, defendiendo, divulgando y haciendo comprender a los empresarios de otros lugares, de que nuestros trabajadores son cosecheros profesionales. No cualquier persona cosecha en la condición en la que cosecha un tucumano”.
Para una mayor información sobre este tema recomendamos:
http://biblioteca.clacso.edu.ar/Argentina/iigg-uba/20140625060048/argumentos15-10.pdf