El neoliberalismo tiene como tarea permanente simplificar el marco económico, convertirlo en consignas digeribles, de manera de elegir así un puñado de números a seguir en el tiempo, que medirían nuestra bonanza, aunque tengamos de bolsillo dos agujeros, como decía aquella balada de hace 50 años.
La inversión en obra pública es uno de los flancos preferidos.
Por un lado, porque es innegable que en el imaginario colectivo concreto, una ruta asfaltada, un paso ferroviario bajo nivel o una red cloacal constituyen mejoras para la vida comunitaria.
Por otro lado, porque uno de los parámetros que la ortodoxia económica tiene muy en cuenta para definir el horizonte es la tasa de inversión global de la economía y la obra pública puede ser un potente sustituto de la falta de inversión privada, a la hora de calcular los respectivos índices.
Ahora bien, la cuestión tiene varios aspectos a diseccionar.
Ante todo, la inversión en infraestructura, salvo que habilite un nuevo espacio productivo, como lo haría un dique o una red de energía, es mucho menos generadora de trabajo en cadena que la inversión en producción de bienes o servicios. Hacer una avenida de circunvalación en un pueblo es una inversión que empieza y termina allí. Habilitar un cinturón hortícola en ese mismo pueblo, genera trabajo para los agricultores, distribuidores y comerciantes involucrados por varias generaciones. Y así en cualquier comparación similar.
En segundo lugar, las decisiones de inversión realizadas por funcionarios, sin ninguna auditoría que pueda ser enteramente creíble, se prestan a que las contrataciones impliquen tasas de ganancia desmesuradas para las empresas beneficiarias. Quien ponemos el dinero somos todos los ciudadanos y quienes lo administran son un puñado de funcionarios, junto con otro puñado – muchas veces con superposiciones – de empresarios.
La gran mayoría de los negociados más escandalosos de la historia, no solo de la argentina, tienen vínculo con decisiones de obra pública. Se suman a este verdadero cuadro de deshonor las maniobras financieras y en ambas cuestiones está el grueso del despojo a los bolsillos de todos.
Hasta desde la mirada estadística, entonces, se computa una inversión que en realidad no es tal, porque esconde una fuga de mega utilidades hacía pequeños grupos, que alguna vez se llamaron “patria contratista” y hoy, tal vez más directo, sería “empresas de funcionarios”.
En tercer lugar, la generación de trabajo por parte de la obra pública contratada de la manera actual, reserva a la población local – del lugar donde la obra se hace – las tareas menos calificadas. Los diseños, la ingeniería, la organización de logística, de administración de finanzas, quedan a cargo de la oficina central de la contratista, en un todo equivalente a la manera que funciona una filial de una corporación multinacional, cuando aterriza por acá. El lugar de la obra pone peones, choferes, personal de seguridad, con suerte algún capataz.
Cuando la obra se termina la tecnología residual que queda, que serviría para replicarla en un escenario semejante, es cercana a cero. Repetir esa obra, necesitará convocar otra vez a quien hizo la primera, o a algún conglomerado similar.
¿Estamos describiendo una situación que es inexorable? Lo dicho, ¿deberá seguir siendo así?
Si no creemos importante cambiar eso, por supuesto que seguirá así. Hay suficientes intereses, y bien poderosos, para que se perpetúe.
Sin embargo, cada provincia, cada municipio dentro de ellas, cada pueblo dentro de cada municipio, podría construir marcos de referencia distintos.
1 – Se puede entender cuál es el potencial de producción local de bienes que la comunidad utiliza y no produce, pero podría hacerlo, y decidir que eso tendrá prioridad.
2 – Se puede listar las obras públicas necesarias para mejorar la calidad de vida del lugar y priorizarlas según la posibilidad de ejecutarlas con técnicos y trabajadores locales.
3 – Cuando se realiza las tareas anteriores se puede y debe identificar quienes serían los actores locales que podrían hacerse cargo y analizar con ellos sus faltantes y cómo lograrlos.
4 – A la vez, surgirán facetas productivas y de infraestructura donde la posibilidad que la comunidad local se haga cargo parecen más lejanas. El análisis detallado llevará a decidir cómo convocar empresas externas a realizar las tareas y cómo controlarlas.
Alguien está susurrando que esto no puede hacerse con una dirigencia política penetrada por las prácticas del poder económico, que corrompe de un modo tal, que solo el corrompido queda en la mira.
Es cierto. Así no puede hacerse. Ocupémonos de que las cosas sean de otra manera.
Emm/ 10.10.17