Por Enrique M. Martínez*
Una sociedad en que pocos tienen mucho y los demás las migajas, está en problemas. Si esos pocos, además, son en su gran mayoría corporaciones cuyo interés no está dentro de las fronteras del país donde se generan sus ganancias, el problema se agiganta varios órdenes de magnitud.
En países de gran peso económico en Latinoamérica, como Brasil o Argentina, se ha dado en este siglo una situación paradojal. Asumieron gobiernos con vocación de remediar las inequidades e incluir a la población en el mercado, aunque sea en términos de ingreso, si es que no fuera posible el éxito pleno en términos de trabajo. Sin embargo, su estrategia se diseñó sin incluir el problema de la hegemonía multinacional en sus diagnósticos. Aquí reside la paradoja. El mantenimiento de una estructura productiva dependiente obliga a focalizar los esfuerzos en la redistribución de ingresos mediante el eventual aumento del salario real, acompañados de la creación de un Estado de bienestar que compense a los menos aventajados, pero deja afuera – al menos como tema central – a la forma en que se genera la riqueza, ya que las empresas controlantes siguen siendo las mismas.
No se trata solamente de un problema que podríamos llamar “técnico” de la administración de la economía. Se trata también de un hecho político de gran relevancia, porque al no plantearse objetivos estructurales de magnitud, las mejoras ciudadanas quedan vinculadas a los parámetros tradicionales del capitalismo, como salario real, inflación, desocupación. La evolución de esos parámetros, sin embargo, es afectada por la hegemonía multinacional, que establece la regla tácita que los salarios reales no pueden aumentar por encima de la relación salario/productividad que está vigente en el mundo central. Como la productividad industrial de Brasil o Argentina es el 30% de la de aquellas regiones, el salario real tiene un techo y eventuales mejoras nominales se trasladan a la inflación. Como efecto complementario, pierde volumen relativo la posibilidad de compensar por ingresos a los sectores de menores recursos, porque aparece una presión creciente sobre los egresos, que desequilibra el presupuesto público.
Como los diagnósticos oficiales no incorporan esa explicación, el estancamiento del salario y la mayor inflación son atribuidas por los sectores más reaccionarios a errores de gestión gubernamental. Para peor, esa prédica encuentra eco en las víctimas del problema, ante el silencio de los gobiernos.
En definitiva, el tiempo termina demostrando que un problema que no se caracteriza adecuadamente, asignándole las causas correctas, no se puede resolver.
Con algunos matices de diferencia, Brasil y Argentina están recorriendo ese peligroso sendero, que en lugar de avanzar hacia la plena autonomía con justicia social, crea las conocidas situaciones de stop and go, las que dejan de ser solo económicas, para pasar a ser políticas, porque los partidos que no representan intereses populares se acercan a la posibilidad de gobernar con el voto de las mayorías. Es una clara situación de nudo gordiano, en que se debe cambiar de pantalla, afectando intereses que determinan la estructura actual, o se retrocede, lastimando la mejora de bienestar popular conseguida. Debe completarse el diagnóstico, por empezar.
En ese dilema, el único camino que está claro es el de retroceso. Se sabe quiénes perderían y quiénes ganarían. Se conoce hasta las medidas que se tomarían y las explicaciones que se darían para justificarlas.
La forma de avanzar, en cambio, tiene opciones. Hay senderos parcialmente explorados, de éxito dudoso, y otros vírgenes, a construir. Los senderos dudosos son aquellos en que se imagina asignar a empresas del Estado la responsabilidad de reemplazar a los actores multinacionales, al menos en áreas clave. Existe una historia de burocracias con creciente indiferencia social y corrupción, que no entusiasma para repetir sin variantes ese pasado. Categóricamente, el Estado es un componente insoslayable de un sistema productivo más justo, pero es necesario configurar corporaciones público privadas, en que los ciudadanos puedan participar masivamente del capital de las empresas, con un doble efecto. Por un lado, sectores enteros de la sociedad se asociarían al éxito de esos intentos. Por otro lado, su presencia como inversores, debidamente articulada, serviría de control de las distorsiones neo corporativas.
Entre las opciones sin antecedentes en la región, está una amplia gama de iniciativas en que la provisión de bienes y servicios quede a cargo de unidades productivas organizadas alrededor de satisfacer las necesidades comunitarias, sin tomar como bandera la tradicional norma del capitalismo que compite, elimina competidores, concentra y finalmente hace uso perverso de su posición dominante. La economía popular, sin tener al lucro como bandera, puede proveer todos los bienes de consumo cotidiano; puede proveer elementos de infraestructura como la energía renovable; puede cambiar sustancialmente la lógica de administración de infraestructura educativa o de salud. Es el camino de la democratización a ultranza de la economía, que llevará a superar la trampa de la concentración capitalista, si es que contamos con lucidez colectiva al respecto y logramos trasladarla a ámbitos ejecutivos de gobierno.
*Publicada originalmente en Nodal Economía