Se presenta el proyecto de ley de Transferencia Tecnológica a la Producción Popular, que surgió de un Manifiesto del IPP apoyado por 1.200 científicos y técnicos

El próximo martes 13, en la Salón Blanco del Congreso de la Nación, se presentará el proyecto de ley de Transferencia Tecnológica a la Producción Popular, idea surgida en el Instituto Para la Producción Popular (IPP) que fue tomada por la diputada del Peronismo Para la Victoria (PPV), Lucila De Ponti  y acompañada por la diputada sanjuanina del PJ, Daniela Castro.

Los postulados del proyecto están basados en el Manifiesto por la Transferencia Tecnológica, que fue firmado por 1.200 representantes del ámbito de la ciencia y la técnica de todo el país, en una campaña que fue lanzada por el IPP el último 2 de mayo.

El proyecto destaca la posibilidad de que los institutos y organismos oficiales que reciban un financiamiento público mayor al 20%, podrán solicitar fondos de un fideicomiso creado para la transferencia de tecnología a la producción popular, de modo que no se trate de una imposición burocrática sino que sean quienes realmente estén interesados en aportar su conocimiento los que ayuden a desarrollar este sector excluido de los planes oficiales.

En los fundamentos se destaca que “los siete millones de trabajadores sin relación de dependencia, dentro de los cuales están las fracciones más precarizadas de la población económicamente activa, solo tienen acceso a esporádicos cursos de capacitación o a materiales de divulgación de tecnologías simples o escenarios similares y son enteramente excepcionales los casos en que se encaran trabajos de investigación o de desarrollo dirigidos expresamente a temas de su ámbito”.

La presentación es el primer paso para el tratamiento en comisiones y el posible debate, que permitiría poner en agenda los problemas que afronta la producción popular. Este es la primero de una serie de proyectos legislativos que el IPP impulsará con el objetivo de hacer visible la situación de los trabajadores autogestionados e instalar el debate sobre la necesidad de ampliar la democracia hacia los derechos económicos, mediante políticas que atiendan las demandas sociales por fuera del lucro y la especulación.


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