En este centro financiero mundial del sudeste asiático nadie es dueño de la tierra y el resultado es que no existe la especulación inmobiliaria que distorsiona el valor de los terrenos en el resto del mundo. El 88 por ciento de los singapurenses habita viviendas construidas por el Estado con altos estándares de calidad.
Lejos del prejuicio occidental por el concepto “vivienda pública”, los singapurenses están orgullosos de ese sistema y la enorme mayoría de sus 5,4 millones de habitantes eligen esa opción a la hora de tener una casa. Es que en este paraíso de las finanzas mundiales tienen un ente estatal, la Junta de Vivienda y Desarrollo, que planifica, construye, asigna y concesiona las viviendas de la mayoría de su población.
Contra los manuales liberales, que Singapur usa prolijamente en el manejo de su sistema financiero, este pequeño territorio decidió en 1967 que para superar el problema del déficit habitacional había que eliminar la propiedad privada de la tierra. Las casas, entonces, se pueden tener en consignación durante décadas, pero nadie puede comprarlas y ser su dueño.
El Estado de Singapur tenía en 1960 el 44% de las tierras. Tras la decisión de impedir la propiedad privada consiguió sumar el resto del territorio. Con esa medida, desaparecieron los principales problemas que genera el mercado inmobiliario en el resto de los países. Como nadie es dueño, el precio de la tierra está estabilizado, no se puede especular. En segundo lugar, las viviendas públicas son de tan buena calidad que la construcción privada tiene un escaso margen de competencia y no pesa en el valor de las casas.
Para agregar ventajas al sistema, las casas que construye el Estado son equipadas con energías renovables y sistemas diseñados para el cuidado del medio ambiente, lo que está convirtiendo a Singapur en un país modelo de estas nuevas tecnologías.