Creo compartir la vocación de una mayoría del pueblo argentino que espera que una mayor justicia social, expresada en la posibilidad cierta de trabajo para todos y de eliminación de la pobreza, se concrete a un plazo cierto. Ese universo define lo que llamamos el campo popular.
El camino a recorrer está condicionado por las acciones de varios grupos, de intereses acotados, que se desempeñan en los diversos escenarios económicos. Esos grupos afectan positiva o negativamente la vocación señalada, de dos maneras: por su interacción con el resto de los habitantes y por su influencia en las decisiones de los gobiernos.
La hegemonía de los operadores financieros es el peor de los mundos imaginables, porque su lógica de vida pasa por extraer riqueza de los demás, sin generar valor alguno.
En cualquiera de los otros casos, es necesario entender qué le reclaman al resto de la sociedad y a la inversa, que deberíamos reclamarles a ellos.
Los productores de cereales y oleaginosas, junto con los ganaderos, son y han sido un poder histórico en este país, que tiene la mayor superficie arable por habitante del mundo, dato que indica la importancia enorme de esta actividad para nosotros. Integrada su actividad al mundo, han pedido a los sucesivos gobiernos que les dejara las manos libres para trabajar y recaudar. Una sola excepción ha tenido esta prédica: la enorme caída del comercio internacional después de la crisis global de 1929. En la década siguiente, con el poder agrario con fuerte influencia en el gobierno, se crearon la Junta Nacional de Carnes y la Junta Nacional de Granos, para preservar los precios y por lo tanto los ingresos de los productores.
Fuera de eso y aumentando el reclamo con la globalización, esperan tener créditos a tasa preferencial; liquidar las exportaciones sin retenciones; impuestos modestos; todo lo que un empresario capitalista tipo desea. El resto de la sociedad, nosotros, llevados por la lógica macroeconómica instalada, esperamos de ellos que ingresen las divisas de las cosechas y zafras, a las que imaginamos atenuando nuestra habitual estrechez en el flanco externo. No mucho más.
Esa relación minimizada, sin embargo, deja afuera grandes, grandísimos temas y además invisibiliza importantes cambios estructurales que se dieron en los últimos 20 años en el sector.
Al presente, a la tradicional presencia multinacional en las exportaciones, se agrega que una sola corporación global ha definido el modo de cultivo más adoptado para cereales, oleaginosas y algodón, pasando a depender todo el sector de su suministro de herbicida y de semillas.
Por lo tanto, es legítimo sostener que la agricultura extensiva argentina funciona como un engranaje de un sistema mundial, al que no lo determina sino a la inversa.
Para pasar revista brevísima a los temas de necesario análisis y modificación, detallemos:
. Postergación de los chacareros pequeños, junto con situaciones pendientes de generaciones para otorgar titularidad de tierras en millones de hectáreas en todo el país.
. Nula promoción de las producciones hortícolas, sin acceso a la propiedad de la tierra y sometidas a intermediarios que se apropian de gran parte del valor agregado.
. Concentración de producciones básicas para la dieta nacional: industria lechera, avicultura, aceite, azúcar.
. Agregado insuficiente de valor en carne vacuna, granos, uso del suero de queso, frutas.
. Extensas propiedades de tierras ociosas, desmontes generadores de erosión, cultivos inadecuados para ciertas áreas ecológicas, daños serios al medio ambiente al aplicar plaguicidas.
En resumen: Todo el país considera a la producción agropecuaria como un gran potencial, pero no se analiza un plan integral para ella y los actores concretos no consideran ninguna obligación hacia el resto de la sociedad, a pesar de administrar privadamente un bien de disponibilidad limitada – la tierra – lo cual, a escala nacional, debe plantear la obligación de uso eficiente del mismo.
El campo popular nunca ha aceptado este escenario de propiedad privada, al cual agregarle el paralelo compromiso social. En consecuencia, nunca ha trabajado los cambios de perfil productivo y de integración a la comunidad, considerando así al sector como su adversario en bloque.
El resultado no puede ser más negativo. Todo lo malo se acentuó, con desplazamiento de comunidades aborígenes y criollas; maltrato de migrantes para diversas labores; creciente número de trabajadores sin cobertura social; reducción de tambos, reducción de las explotaciones por cuenta propia. La lista es muy amplia y su reversión no forma parte detallada de la agenda popular, más que en forma genérica, siendo que la tarea exige un trabajo tema por tema, casi provincia por provincia, dentro de un marco conceptual común.
Enrique Mario Martínez