Desde nuestra primera nota en Motor Económico* luego del acuerdo de difusión con el IPP (¿Ingreso básico o trabajo universal?), hemos puesto el énfasis central en las formas de generar trabajo masivo.
Además de los números globales y de las propuestas dirigidas a la comunidad en su conjunto, queremos hoy poner el foco en aquellos sumergidos en la pobreza extrema, parte de los cuales están agrupados y representados por organizaciones sociales, que a través de su interlocución con el Estado han conseguido concretar varios sistemas de asistencia social, desde 2002 hasta ahora. Los programas anteriores a esa fecha no tuvieron la masividad que fue normal desde entonces.
Para razonar sobre caminos posibles, elegiremos aquellos compatriotas que reciben el salario social complementario, que abarca unas 350.000 personas, percibiendo alrededor del 50% de un salario mínimo. El supuesto implícito, que no necesariamente se verifica, es que se llega al salario mínimo a través de changas. Es lo que sucede, por caso, en las cooperativas de recuperadores mejor organizadas.
Estos casi 20 años han tenido una impronta similar. Las organizaciones populares reclamando el aumento del subsidio y los distintos gobiernos otorgando recursos insuficientes para cubrir una canasta familiar, complementándolos con equipamiento para emprendimientos personales o familiares que permitirían insertarse en la economía de mercado, como talleres textiles, recuperadores urbanos, pequeños productores de alimentos, servicios de herrería, jardinería, gomería o similares. La sobrevida de estos emprendimientos ha sido absolutamente mínima, por múltiples razones, entre las que una de las primeras ha sido la absoluta falta de apoyo técnico, desde cualquier ámbito.
Hay una faceta que ni los que sufren han reclamado ni los gobiernos han diseñado: los caminos para lograr intervenir en la producción de bienes o prestación de servicios con suficiente jerarquía técnica y solvencia económica, como para prever que la asistencia estatal podría ir reduciéndose hasta desaparecer.
Recientemente, un dirigente muy valioso y aplicado como Esteban Castro, presentó al Presidente de la Nación un manifiesto firmado por más de 100 organizaciones, “por la soberanía, el trabajo y la producción” que es válido tomar como referencia de la concepción de militantes de décadas, que han transitado por los más duros senderos.
En ese documento se asigna al Estado una responsabilidad central, muy superior al control o la regulación actuales, en la producción y abasto de alimentos, las finanzas, la sustitución de importaciones, la producción y distribución de energía, el transporte fluvial y marítimo, la construcción masiva de viviendas populares.
Como retribución directa y específica para los más humildes, se pide que se establezca un salario social mayor al actual para los desocupados; un aumento en la AUH y en las jubilaciones, así como la asignación de 200.000 lotes para la auto construcción.
Los pocos análisis realizados sobre el documento hacen eje en la propuesta como modelo de gobierno del país. Se podría decir bastante sobre los aspectos ineludibles y correctos (control estatal sobre la energía; fuerte presencia pública en las finanzas) y sobre las debilidades (un millón de chacras sin referirse a los actuales agricultores familiares; una fábrica estatal de alimentos, en un escenario con más de 20 ramas diferentes; una regulación de dividendos de corporaciones sin modificar la ley de inversiones).
Ninguno de los comentarios, sin embargo, se centran en lo que acá nos importa: qué papel esperan los movimientos sociales que sus representados cumplan en la economía que imaginan.
Se sostiene como objetivo un futuro de plena ocupación, en el cual los más pobres podrían sumarse básicamente como empleados públicos, ya que se deposita en el Estado la mayor responsabilidad del desarrollo, salvo en la construcción de viviendas, también financiadas por el Estado y otras tareas no incluidas en el Manifiesto, como el cuidado de personas, la recuperación y el reciclado de residuos, los talleres textiles, la producción familiar de alimentos, junto con pequeñas obras de infraestructura urbana. Este último detalle surge de la propuesta de fortalecimiento de trabajo del Ministerio de Desarrollo Social y coincide con las actividades consideradas en el Registro de la Economía Popular, recientemente creado.
Empleados del Estado o trabajadores de “baja calificación”, como uno de los propios dirigentes sociales ha afirmado. Las dos opciones.
El futuro posible es mucho más complejo que eso. Se está dejando de considerar varias facetas de la realidad productiva, construyendo un modelo a partir de reemplazar parte del poder económico concentrado por el Estado y acotando la perspectiva del trabajo de los representados a lo que hoy puedan estar haciendo, con ciertas garantías adicionales del mismo Estado.
Una mirada crítica podría limitarse a enumerar cuantas otras actividades están al alcance de los sectores más humildes y que grado de demanda comunitaria tiene cada una. No es ese nuestro criterio. No es técnica nuestra objeción, no sugerimos agregar más y más servicios personales a la lista, aunque serían muchos.
Nuestra mirada es a la vez política y promotora del mejor vivir del sector involucrado.
Creemos que organizaciones que se han aglutinado desde la desesperanza; que han acumulado fuerza como para participar en la democracia representativa y aspirar a funciones legislativas y ejecutivas en el país; deben trascender la mera expectativa de conseguir sumarse al último vagón del capitalismo concentrado, así sea capitalismo de Estado, escenario éste último de muy dudosa concreción.
Una política liberadora de los más necesitados debe ser pensada – usando el lenguaje de la economía tradicional – considerando dos premisas:
. La instancia superadora definitiva y concreta es la posibilidad cierta de producir para abastecer las necesidades de la propia comunidad y del resto de la sociedad, sin ser dependientes de fuerza económica alguna. Aquellos que hoy produzcan algún bien o servicio, son un núcleo inicial, a fortalecer.
. El subsidio a los más necesitados no debe ser solo un gasto, sino también en parte una inversión, para permitir ampliar la capacidad de producción de ese colectivo.
Respetar estas ideas marca una gran diferencia.
Hoy 500.000 familias pobres (por tomar una referencia) gastan cada una 8.000 $/mes en alimentos, o sea CuatroMil Millones de pesos mensuales, comprando en el supermercado o en verdulerías o carnicerías, adquiriendo productos que son generados en su inmensa mayoría fuera de ese universo de familias. En el escenario límite, el Estado pone parte importante de ese gasto mes a mes y el dinero tiene como destino un sistema de abastecimiento cada vez más concentrado, cada vez más alejado de una idea de servicio comunitario. Repito:4.000 Millones/mes¡¡¡
Si la meta de una política de Estado fuera que en un plazo razonable – 2 a 3 años – esas compras se puedan dirigir a productores familiares, pequeños, cooperativas, con mecanismos que reduzcan los precios reales un 10%, ese espacio social dispondría de 400.000.000 $/mes para otros destinos, además de conseguir que los ingresos de la producción popular aumenten 3.200 Millones por mes. Ya hay evidencias suficientes de la existencia de productores populares de casi la totalidad de la canasta alimenticia y de la posibilidad de reducir los precios finales en esa dimensión, con logística y mercados populares de nuevo cuño.
Omitiendo posibles aportes de los productores beneficiados a un fondo de inversión, que sería lógico pedir, si el 25% del ahorro de los consumidores organizados – 100 Millones/mes – se destinara a financiar plantas productivas para potenciar el trabajo de los propios compañeros, se podrían aprobar con recursos propios entre 10 y 20 proyectos mensuales para, por caso, industrializar productos hortícolas de la UTT y organizaciones similares; integrar hacia adelante residuos reciclados; producir prendas con comercialización directa a los consumidores; instalar mercados populares; instalar energía renovable en barrios populares, eliminando la dependencia energética externa; y así siguiendo.Estas plantas serían financiadas por un fondo global, propiedad de miembros del registro de la economía popular que hayan comprometido abastecerse en un sistema de mercados populares y que por eso aporten alrededor de 200 $/mes al fondo de inversión. Serían elegidas entre propuestas formuladas y evaluadas con ayuda pública y se podría definir un plazo de reintegro de parte de los excedentes generados como multiplicador del fondo de inversión, para pasar luego a ser propiedad de quienes trabajen en ellas, solos o compartiendo la propiedad con una corporación de producción popular. La imaginación, combinada con criterios de equidad, haría el resto.
Imaginen quienes leen esto que en 3 años la economía popular esté instalando 200 plantas productivas por año, financiadas con fondos propios, sin dependencia financiera o estatal, en muchos casos sin competencia del mercado y en otros con la posibilidad de abastecer a sectores medios y altos con toda comodidad.
Parece un horizonte promisorio. ¿De quien depende?
De un Estado capaz de imaginar ese futuro y de dirigentes sociales capaces de asumirlo, con los desafíos enormes de organización, capacitación y transferencia de tecnología que implican. Sería un escenario donde el capital es autogenerado y tendríamos a la vista dejar de hacer agujeros en el agua con programas de asistencia técnica financiados por el Banco Mundial, con la dependencia financiera y cultural que ello implica.
¿Qué impide hacer esto?
Una mirada rutinaria de los responsables públicos de administrar la asistencia social y de configurar las soluciones. Es en el Estado donde se debe tomar la bandera que lidere este proceso de transformación.
Los funcionarios miden su éxito en la cantidad de compatriotas que comen por ayuda oficial. Falta un índice paralelo: cuántos de los asistidos comen por su propio esfuerzo de producción de bienes y servicios útiles a la comunidad. El primer número caracteriza la emergencia. El segundo número, jamás estimado, mediría la construcción de esperanza.
*Esta nota fue publicada originalmente en Motor Económico
Enrique M. Martínez
Instituto para la Producción Popular (IPP)