¿Es la Ley de Góndolas una solución?

El miércoles los diputados dieron media sanción al proyecto de Ley de Góndolas, destinado a modificar las prácticas abusivas de los grandes supermercados y dar espacio a pymes y pequeños productores que hoy no pueden acceder a esos centros de consumo que comercializan el 50% de los alimentos que se venden en el país. La iniciativa fue saludada por organizaciones sociales y entidades populares como un paso importante para democratizar la venta de alimentos y, en la hipótesis del texto en cuestión, lograr una baja en los precios.

Sin embargo, algunas voces pusieron en duda la efectividad que tendría esta ley en el mercado de los alimentos. El Coordinador del Instituto para la Producción Popular, Enrique Martínez, analizó: “Mientras el hiper decida cuánto pide, cómo paga y cómo promociona; los productores familiares estarán fuera del circuito. Solo hay solución en el contacto directo entre productores y consumidores”. Para Rafael Klejzer, del Movimiento La Dignidad, en cambio, se trata de una medida fundante. “Es el primer paso, los que estamos en todos los barrios vamos a organizar bien a los productores y vamos a poner de rodillas a los monopolios”, expresó en un posteo de Facebook.

Dejamos aquí cinco puntos críticos para analizar de esta Ley que podría ser aprobada la próxima semana con acuerdo del senado:

1.- No hay en la ley más que un intento por distribuir de forma más equitativa las góndolas de los grandes supermercados. Las empresas de alimentos de góndola seguirán manteniendo el mismo poder concentrado que hace que la mayoría de los insumos básicos de la canasta de alimentos estén concentrados en cuatro o cinco empresas líderes que manejan la cadena de esos productos (yerba, leche, azúcar, aceite, cereales; entre muchos otros). El mercado parte de esa desigualdad evidente y no hay forma de “democratizar” las góndolas sin una transformación estructural que atienda los derechos económicos de los pequeños productores.

2.- ¿Por qué los causantes de la distorsión de las cadenas de producción y comercialización serían la solución al problema? ¿No debería buscarse un sistema alternativo virtuoso en el que los responsables del abuso queden excluidos? Instrumentar  y difundir una cultura del consumo de alimentos populares en cadenas cortas, sin intermediarios, parece mucho más efectivo que pelear desigualmente espacios en cadenas destinadas exclusivamente al negocio.

3.- El 5% de espacio de góndola para la economía popular será muy difícil de implementar. Sin tierra, capital ni tecnología; la producción popular no está en condiciones de participar en esa cuota mínima que se pide. Desde la necesidad de registrar los alimentos para poder acceder a los supermercados hasta la logística necesaria para llegar a esos centros de consumo, hay un mundo de dificultades que alejan a los productores populares de la posibilidad de usar ese beneficio. El procedimiento lógico sería que se desarrolle una estrategia de apoyo a los productores para que puedan superar esas dificultades y que luego se aprovechen las experiencias de comercialización transitadas para encontrar los sistemas más adecuados a esa realidad.

4.- La elección exclusiva de los grandes supermercados que dominan el mercado es anunciada como un paso importante para terminar con los abusos en la cadena de producción alimentaria. Pero tal como sucedió con los precios cuidados y con las tarjetas sociales para comprar alimentos, ese protagonismo de las empresas dominantes resulta en la paradoja de que se consolida la idea de que esas grandes superficies comerciales serán los lugares en los que se encontrará la diversidad y quienes quieran adquirir productos alternativos deberán ir a los supermercados que concentran el negocio.

5.- Por supuesto que la Ley de Góndolas permitirá que algunos casos puntuales de pymes y pequeños productores puedan acceder a un espacio que hoy tienen vedado y ese sería el costado positivo de la aprobación. Pero las empresas afectadas ya anunciaron que apelarán a la justicia y, como en toda ley, la sanción es un primer paso que debe ser corroborado con la reglamentación. En esa etapa deberá decidirse qué alimentos  estarán comprendidos, cómo se instrumentará la aplicación y, un tema sumamente complejo, de qué forma efectiva se fiscalizará que se cumpla. Hay que tener en cuenta que la reglamentación es un proceso muy arduo en temas que son sensibles al poder económico. Un ejemplo es la ley 26.682, que regula el mercado de las empresas de medicina prepaga, una legislación que fue sancionada en 2013 y seis años después no ha sido reglamentada, situación que aprovechan las prepagas para negar beneficios a sus afiliados.

Todas estas dificultades se salvarían legislando por fuera de un mercado que va en contra de los intereses de los trabajadores y los consumidores. Diseñar cadenas propias de comercialización, atendiendo a la realidad de la pequeña producción y difundiendo adecuadamente las ventajas para toda la comunidad, aparece como una solución directa, equitativa y verdaderamente destinada a cambiar las reglas de juego que imponen las empresas dominantes.

Eduardo Blanco

Instituto para la Producción Popular