Todos a trabajar dignamente

(Por Ing. Enrique M. Martínez / Instituto para la Producción Popular) Hasta hace 30 años la desocupación en trabajos registrados, en Argentina, era usualmente menor al 5%. ¿Qué pasó después? :Tres cosas graves para la salud social y económica, tan graves que de ellas nadie habla, como suele suceder con las verdaderas razones de un problema.

1 – El neoliberalismo ocupó el centro del escenario y la opción financiera pasó a ser hegemónica como oportunidad de inversión. Sea la bicicleta financiera, yendo y viniendo del dólar al peso; tanto como la presión devaluatoria permanente; hicieron alejarse a actores y espectadores del mundo de la producción y elegir cómo camino preferente todo aquello que no requiera contar con trabajo de terceros o lo necesite en la menor proporción.

2 – La tendencia a la baja sistemática del salario real, que nunca pudo superar el valor de 1974 hasta hoy, configurando así un patético récord mundial, junto con un cambio en las perspectivas de desarrollo personal de las mujeres, volcó masivamente a éstas al trabajo, con una mayor oferta que hasta hoy no se ha equiparado a la ocupación ni a la remuneración masculinas.

3 – La creciente concentración productiva, con el control de corporaciones multinacionales en sectores centrales, desarmó varias cadenas de valor, ya que las corporaciones decidieron importar partes y componentes de subsidiarias o proveedores instalados en otros países. Esto sucedióen la industria automotriz, en la línea blanca, en toda la electrónica de entretenimiento, donde desapareció todo incentivo interno en las empresas para conservar una integración nacional máxima.

Allí están resumidas las causas de la modificación de nuestra matriz productiva. No son razones tecnológicas ni son inevitables ni incorregibles, Son razones originadas en la vocación de ganar más dinero de los que tomaron las decisiones, así sea mirando la vida del próximo día, en lugar de un plazo más largo.

En los años desde entonces, pasó a considerarse un éxito una desocupación del 6%, como la informada en 2015, aunque si se consideran los trabajadores dentro del sistema de asistencia social, bien podría admitirse que era del 9%. Además, el 35% de los trabajadores no están registrados y sus labores y su nivel de actividad se desconocen en buena medida. O sea: la oferta de trabajadores aumentó, la demanda proporcionalmente fue menor y por consiguiente no solo aumentó la desocupación, sino que una parte importante de los compatriotas se precarizaron. Supongamos que simplificamos y admitimos las tres razones expuestas como las únicas causas.

¿Y entonces?

¿Es sensato buscar revertir la situación eliminando la especulación financiera; actuando sobre la concentración productiva; poniendo condiciones a las corporaciones multinacionales para que integren las cadenas productivas con trabajo argentino; pensando especialmente proyectos para mejorar la equidad de género?

Por supuesto que todas esas acciones son necesarias.No obstante, ni la vida personal ni la del mundo son reversibles. No será solo corrigiendo las causas del pasado que volveremos a escenarios de casi pleno empleo.

Lo que está claro es que una alta ocupación fue posible; que duró tiempo; que otros países tienen variaciones importantes del nivel de empleo y las corrigen en plazos cortos; sobre todo: que el nivel de necesidades insatisfechas que se ha generado en tantos años de deterioro de los ingresos populares y de las dificultades financieras del Estado, hace inconcebible que el país no pueda dar una utilidad productiva y social al trabajo de todos los compatriotas que quieran ocuparse.

Hay más de un modo de avanzar. Un camino es el elegido por las organizaciones sociales que han servido de contención – y lo siguen haciendo- para los compatriotas que pasan más dificultades. De esa manera se apunta a reforzar las actividades que se viene haciendo sin contar con apoyo económico o técnico relevante; aquella que los mismos perjudicados encontraron como factibles para sus historias y su entorno. El Ministerio de Desarrollo Social ha incorporado cinco ejes a su discurso: industria alimenticia de baja escala; costura; reciclado; cuidado de personas y construcción.

En esas cinco tareas hay una sola que constituye un servicio personal: el cuidado. Allí efectivamente se puede y debe reglamentar la actividad, capacitar y certificar los y las efectoras y habilitar así su acceso a un mejor ingreso.

Una segunda, la construcción, está reglamentada de un modo que quien se incorpora al trabajo privado o quien participa de un emprendimiento que contrata con el sector público, puede tener un horizonte digno. Incentivar esta actividad es posible. Es especialmente importante llevar a cabo un plan serio para transformar los llamados barrios populares, que son más de 4000 asentamientos, en lugares vivibles con toda la infraestructura necesaria. Aquí la conjunción de ideas de la UOCRA, de los habitantes de cada lugar y de ámbitos públicos, puede resolver el problema en un plazo aceptable.

En los otros tres casos, sin embargo, emerge la perspectiva equivocada de quienes creen que esos senderos son solución. La alimentación, la indumentaria, el reciclado de residuos, son complejas cadenas de valor donde hoy los trabajadores humildes están entregando casi todo su valor agregado a otro eslabón más poderoso, sea un intermediario comercial; una marca de ropa; un transformador de papel o plástico. Allí puede generarse más trabajo, pero si no se consiguen cambios en las relaciones estructurales, será tan esclavo o dependiente como hasta ahora

Extendiendo esta lógica al resto de actividades imaginables, resulta necesario formular y evaluar en profundidad el vínculo que la llamada “economía popular” tiene con el resto de la sociedad y entender si se está caminando en la dirección correcta. El método más prudente es el que se conoce como análisis de la cadena de valor, en que se describe la actividad como un encadenamiento de eslabones, desde la tierra o la materia prima, hasta el producto final en manos de quien lo necesita o consume. Esto, con alguna adaptación, también se puede aplicar a los servicios personales, como el cuidado de personas o la entrega de alimentos a domicilio.

En cada una de esas cadenas, puede aparecer un eslabón dominante, que por su poder financiero, o tecnológico, o de propiedad de la tierra o de una materia prima esencial, pone condiciones al resto y los hace trabajar, apropiándose de buena parte del valor que agregan con su trabajo. No es solo el muchacho arriba de la bicicleta con la pizza. Tampoco es solo un grupo de esforzados recorredores de calles detrás del cartón usado, aunque anduvieran en un vehículo de carga autopropulsado. **Importa, en cambio, quien fija los precios de esa tarea, disponiendo de un poder que le permite imponer y no negociar. Al no tener en cuenta estos condicionantes, se opera sobre escenarios donde hay centenares de miles de compatriotas trabajando con tan baja retribución que solo pueden tener continuidad si complementan su ingreso con un subsidio público. Tal aporte estatal, en realidad, está subsidiando a la o las empresas que controlan esas cadenas. No parece una situación justa. Ni siquiera inteligente. Mucho menos, preparar programas que requieren apoyo oficial para dar continuidad a este estado de cosas.

Solo tiene sentido concebir y apoyar programas de trabajo masivo para que quienes se desempeñen allí tengan un trabajo digno y sustentable, que no requiera el apoyo oficial, ya que se reitera: el subsidio a un trabajador es en rigor y a la postre el subsidio a un empresario, que se beneficia con un trabajo subvaluado.

En tales programas el Estado debe tener participación relevante, pero no necesariamente en su versión de aportante de subsidios directos e indirectos. Hemos presentado antes y ahora reforzamos la figura de “capitalista social” que es quien lleva adelante un emprendimiento sin el objeto de maximizar la ganancia, sino para obtener una ganancia que permita reproducir el capital invertido, pero tal que su meta principal no sea esa. En su lugar el capitalista social busca un beneficio relevante para la comunidad. Esa es la manera más sólida en que el Estado puede involucrarse para generar los millones de trabajos que se necesitan, capacitar a los miembros de cada cadena de valor, e ir orientando cada faceta de la actividad, para no tener que hablar de trabajo social de 60 horas por semana y 10.000 $/mes de ingreso.

Una Corporación de Urbanización de Tierras, que habilite lotes y los venda en todo el país es un ejemplo de lo que señalamos. Una Empresa de Diseminación de la Energía Renovable, que entregue equipos por leasing y que forme toda la enorme cantidad de proveedores, instaladores, responsables de mantenimiento, es otro caso. Lo mismo, para habilitar parques de industria alimenticia local; para garantizar que todo argentino tenga acceso a la información moderna; para retomar fuerza con la forestación; para mejorar la infraestructura turística en todo el país. En todos los casos, el Estado puede organizar emprendimientos público privados que vendan bienes y servicios y convertirse en el gran capitalista social, acompañado de miles y miles de inversores nacionales, que cuiden así el valor de su dinero.

Además de esos varios proyectos que un capitalista social puede estructurar y conducir, el Estado puede constituirse en empleador de última instancia. Siguiendo la sabia recomendación de Stephanie Kelton en “The Déficit Myth”, se debe implementar un Plan de Cuidado, que tenga al menos tres facetas: El Cuidado de Personas; el Cuidado del Ambiente; el Cuidado de la Infraestructura Urbana.

Allí es posible y necesario contar con planes de detalle en los que puede conseguir ocuparse, capacitación mediante, todo compatriota que no haya conseguido trabajo en la actividad privada o pública actual o en los programas antes mencionados . Allí es realmente legítimo que el Estado invierta parte de su presupuesto, porque cada una de las tres grandes tareas anotadas forman parte de la responsabilidad de la administración del bien común.

No hay atajos en esto. No hay soluciones transitorias. Solo cabe tener el horizonte general, derivar de allí los ámbitos más pequeños, estar dispuesto a formarse y avanzar. No con la bandera de la “economía popular”, con la bandera del trabajo digno para todos.

 


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