El justicialismo siglo 21 y la producción popular  

Una de las pocas coincidencias básicas entre los argentinos de cualquier condición es que el peronismo, hace 70 años, fue una bisagra en nuestra historia. Allí mismo, sin embargo, comienzan las controversias. Empezando por caracterizar al peronismo, tanto para la fracción cada vez menor de compatriotas que transitaron algunas de las etapas con Perón vivo, como para la legión que se identifica como tal, cuarenta años después de la muerte del creador de la corriente política.

Va entonces mi interpretación. En términos objetivos y focalizando en los aspectos estructurales, aquello que Perón llamaba justicialismo buscaba mejorar la justicia social como objetivo central y superior. En un país cerrado sobre sí mismo, como lo estaba buena parte del planeta luego de la segunda guerra mundial, la metodología fue:

• El Estado cubriendo los servicios esenciales de manera directa y el comercio exterior, además de las inversiones asociadas a la infraestructura energética o de transporte, más los sectores más innovadores de la época, como la industria aeronáutica o la automotriz.
• Reserva del mercado interno para la producción nacional, con baja presencia de capital extranjero. De tal modo, el Estado y las empresas de capital nacional eran los actores decisivos.
• Distribución del ingreso hacia los trabajadores a través de la capacitación técnica y de masivos aumentos salariales en un escenario de pleno empleo.
• Control oficial del sistema financiero, a través de regulaciones y de bancos públicos.

Con  esos elementos estratégicos, el justicialismo avanzó con fuerza hacia la meta deseada. Tanto avanzó que transformó parcialmente la estructura productiva y social previa, con la pérdida relativa de poder de varios actores históricos de la economía nacional.

57 años después del comienzo del primer gobierno de Perón, asumió el primer Presidente que definió metas justicialistas luego de muerto el líder histórico. Excluyo a Carlos Menem de esta caracterización porque sus objetivos fueron contradictorios y en muchos aspectos antagónicos a los del justicialismo histórico. Aún está pendiente la explicación profunda del modo en que el proyecto de los ´90 pudo ser llevado adelante en nombre del peronismo.  En 2015, cuando comienza a debatirse la sucesión presidencial del apellido Kirchner, se habla más de kirchnerismo que de peronismo. Un precandidato del FpV para la Presidencia sintetiza una consigna: “Se puede ser kirchnerista sin ser peronista. Pero no se puede ser peronista sin ser kirchnerista”.

Eso debiera interpretarse así:

El kirchnerismo, por elemental lógica fruto del paso del tiempo, es una idea política con algunos matices prácticos diferentes al peronismo histórico y además abarca a quienes pueden sumarse a sus principios habiéndose incorporado a la política sin haber vivido o asumido antes el peronismo. Sin embargo, en la medida que se entronca con los principios del peronismo, quien se crea tal, debería también asumirse como kirchnerista.

¿Podríamos llamar al kirchnerismo el justicialismo del siglo 21? Eso querría decir que el objetivo central y superior sería el mismo que el de hace 70 años: mejorar la justicia social. Sea, acordemos esa concordancia.

Esa búsqueda se realiza, sin embargo, en un contexto muy distinto del de 1945. En 2003 el país estaba inserto como Nación periférica de un mundo globalizado. La dependencia de los centros financieros era atroz; la producción agropecuaria se había concentrado muy significativamente, tanto en la producción de semillas e insumos; como en la industria alimenticia de casi cualquier rubros o la exportación de granos. Las empresas dominantes en casi todo el espectro industrial eran filiales de corporaciones multinacionales, con solo un par de éstas de capital nacional. El Estado no solo había dejado de participar en la producción industrial o de financiarla, sino que estaba ausente hasta en la prestación de varios servicios básicos. Algunos rubros de poca relevancia en 1945, como la actividad minera, se habían expandido, pero enteramente a cargo de compañías extranjeras.

El escenario social que correspondía a esa estructura productiva era de alta desocupación y salarios reales un 30% inferiores a los máximos salarios reales históricos, alcanzados en 1974, hecho en sí mismo insólito.

De manera evidente, la metodología de búsqueda de mayor justicia social no podía ser la de 1945. La que se eligió podemos sintetizarla así:

• El aumento del consumo debe ser el tractor. El aumento del salario real pudo utilizarse al respecto, partiendo de un piso muy bajo causado por la devaluación de 2002. El mayor salario aumentó el consumo, con ello reactivó la producción y la ocupación, en una espiral ascendente.
• En paralelo con el aumento de la ocupación y los salarios reales, se aplicó una proporción creciente de los ingresos públicos a apoyar el consumo de los sectores más humildes, por una densa red de subsidios que se agrupan en el concepto de “inclusión por ingresos”.
• Como tercer componente de la estrategia – que es pasivo, pero imprescindible tener en cuenta – se supuso durante todo el período que los actores productivos podían ser los mismos que hegemonizaban el escenario en 2003. Es decir: la inercia concentrada y concentradora podía continuar, aplicando los impuestos recaudados en esas condiciones a mantener el modelo distributivo reseñado. Acorde con tal supuesto se mantuvo la vigencia de una de las leyes de inversiones extranjeras más liberales del planeta y de una ley de minería del mismo espíritu. Incluso se modificó en esa dirección la ley de hidrocarburos; se proyecta igualmente una nueva ley de semillas según el libreto de Monsanto; se continúa una política automotriz donde son las terminales quienes definen los proyectos y sus alcances, a escala de Argentina y Brasil; se consolida en Tierra del Fuego una zona franca que vende solamente a nuestro país, atributo único en el mundo.

¿Fue exitoso el camino elegido? Hasta 2011, claramente sí, con alguna oscilación vinculada a la inestabilidad de una economía mundial en ebullición. Desde entonces, hemos transitado cuatro años sin reducción de la desocupación, ni de la informalidad laboral; con bajo o nulo crecimiento del producto bruto; con la necesidad de restringir el giro al exterior de utilidades de las corporaciones; con saldos de comercio exterior en declinación. Como colofón: con estancamiento o leve caída del salario real, dada la capacidad de los formadores de precios de convertir los aumentos salariales paritarios en inflación. Se describe así un escenario que no se puede explicar solo por las dificultades de la economía internacional de manera determinante.

¿Qué pasó?

Centralmente, que las diferencias estructurales de 2003 con 1945 son abismales. Con todas las restricciones que imponía el bloqueo inglés y norteamericano de divisas en 1945, con las dificultades enormes para el comercio exterior, el gobierno de  ese momento tenía mucha más posibilidades de tomar decisiones independientes que quien asumiera con las mismas intenciones sociales en 2003, en un país periférico, muy endeudado, con dominio mundial del capital financiero y productivo concentrado y con toda una densa red normativa que fuerza el flujo libre de bienes y servicios a través de todas las fronteras.

Con esa debilidad, era y es seductor buscar la justicia a través de mejorar la distribución y redistribución de los ingresos generados por la estructura productiva recibida, sin aplicarse a cambiar esa estructura de manera sustancial. Ese camino fue el elegido, pero es insuficiente, por las siguientes razones básicas:

• Las multinacionales distribuyen sus cadenas de valor de modo tal de conseguir dos objetivos: reducción global de costos y control de los mercados internos de los países en que están instaladas. Ese criterio – generalizado –, por un lado excluye la investigación y desarrollo en la periferia y todos los segmentos que requieren salarios altos. Por otro lado, cuando su fin central es el mercado interno, la búsqueda de maximizar los márgenes, aún a expensas del salario real, es una conducta habitual.
• La conducta muy sintéticamente descrita va en dirección opuesta a la equidad social, además de poner un techo objetivo y concreto al salario real. Las empresas tienen aquí productividad menor a la del mundo central, por las actividades que aquí llevan a cabo. Sus salarios los fijan en relación a esa productividad relativa, con lo cual hay un movimiento circular sin mejora social. Es la situación desde 2011.
• Las decisiones de las empresas líderes se toman fuera de la Argentina y un gobierno tiene por lo tanto limitado su campo de acción para cambiar los escenarios.

En el contexto descrito la posibilidad de actuar sobre la distribución de la riqueza sin intervenir en la forma que esa riqueza se genera, tiene límites bien concretos. Para ser exitosa, esa estrategia dispone de pocos instrumentos: el funcionamiento de las paritarias; la recaudación de impuestos y su asignación y no mucho más. El comercio exterior; la reinversión de utilidades; los eslabones de las cadenas de valor que se desarrollan en el país versus los que se proveen de elementos importados; todas esas relevantes facetas dependen de corporaciones globalizadas a las que se debe regular o seducir en un juego eterno.

En 1955 el justicialismo del siglo pasado había conseguido buena parte de lo buscado y tenía por delante un camino de variada complejidad,  pero cuyo tránsito dependía de su propia capacidad de manera bastante autónoma. Un casi fugaz segundo capítulo se desarrolló con José Gelbard como Ministro de Economía en 1973/74.

En 2015 el kirchnerismo – pretendido justicialismo del siglo 21 – también ha dado muchos pasos para mejorar la equidad social, bombardeada por el liberalismo durante casi medio siglo. Pero a diferencia de 1955, la inercia de lo hecho en estos doce años parece insuficiente para avanzar y aún para mantener lo conseguido.

La definición del proyecto que represente un justicialismo sustentable del siglo 21 está pendiente y es urgente.

Debemos asumir que nuestra productividad media es hoy de no más del 30% de la de los países centrales. Eso no es distinto de Méjico o Brasil. A todos nuestros países esa relación de productividad nos limita de modo cualitativo la posibilidad de mejorar la equidad vía distribución. Necesitamos aumentar enormemente nuestra productividad media y para eso debemos ser mucho más autónomos del capital multinacional en la etapa de producción de bienes y servicios, que determina todo lo que sigue.

Se nos dice que eso implica más y mejor educación; más y mejor inversión en ciencia y tecnología. Es cierto. Pero los resultados de ese enorme esfuerzo pendiente no pueden limitarse a mejorar la oferta de trabajo a disposición de empleadores multinacionales. De ser así, solo se conseguirá la apropiación nacional de una modesta fracción  esperable mayor valor agregado. De ser así, se reproducirá en todos los planos la dolorosa realidad del campo argentino – potencial enorme de riqueza para todos los compatriotas – cuyos productores se han convertido en un engranaje controlado por los proveedores multinacionales de semillas e insumos o por las corporaciones exportadoras. Y los dependientes de los productores, ni hablemos. Y los agricultores familiares, menos. Se establece una cadena de derivación de la degradación de la calidad de vida que nos deja entrampados, sin salida aparente.

Hay una relación casi lineal entre autonomía productiva, posibilidad de aumento de la productividad media (lo cual conlleva aumento de la ocupación) y finalmente mejora de la calidad de vida general.

Los senderos hacia esa autonomía no son fáciles, pero se pueden detallar algunas acciones convergentes:

• Convertir a empresas arquetípicas – como podría ser YPF, aunque hoy aún no lo es – en banderas conceptuales de la asociación entre el Estado, los sectores medios de modo masivo a través del aporte de capital y densas redes de proveedores nacionales. Estas grandes empresas – petroleras, de generación de energía solar o eólica, de insumos básicos, de producción agrícola y agroindustrial – pueden y deben ser el modelo de implementación y gestión de los proyectos de gran dimensión de un país independiente. Eso nos aleja de escenarios como el de una YPF con el 51% estatal, que administra grandes inversiones en asociación con multinacionales. Es más, mucho más integrado al conjunto de la sociedad que eso.
• Dar contención conceptual y económica a los actores que deberían ser protagonistas nacionales de la producción de insumos agropecuarios, la pequeña y mediana agroindustria, la exportación de granos, el diseño nacional de vehículos y de elementos electrónicos y así siguiendo. En cada rama hay conocimiento importante de las estructuras de las cadenas e instrumentos disponibles para ir construyendo ámbitos nuevos, que desplacen progresivamente la hegemonía multinacional y además completen los eslabones faltantes.
• Como tercer componente imprescindible, se debe cuestionar expresamente el mito fundante del capitalismo, que sostiene que el motor excluyente del desarrollo es el afán de lucro, cualidad que se supone un componente genético de los seres humanos. Si toda organización humana para producir un bien o servicio debe hacerse detrás de esa bandera para tener posibilidad de éxito, la secuencia de concentración; discriminación; apropiación de los ingresos de los más débiles; pelea por controlar el Estado para agudizar la concentración o para intentar controlar a los poderosos desde allí, resulta inexorable. Con un resultado de largo plazo que a veces no nos animamos a reconocer: la justicia social se acerca por momentos pero se mantiene a suficiente distancia como para ser inalcanzable, porque todos los elementos nocivos del capitalismo salvaje – que son muchos – se meten en la sangre de los ciudadanos comunes y allí permanecen. El cuestionamiento debe tener elementos teóricos y discursivos, pero esencialmente debe tener componentes prácticos, debe poder demostrar que se puede producir bienes y servicios esenciales teniendo como prioridad satisfacer las necesidades de la comunidad y poniendo el lucro y la acumulación de renta en un segundo lejano lugar.

En el mundo entero, sobre todo en el mundo central, esta pelea se está llevando adelante. En muchos casos, está a cargo de grupos de la comunidad que no formulan grandes teorías al respecto. Simplemente producen la energía a partir del sol; cultivan y distribuyen alimentos; tratan los residuos urbanos y los efluentes líquidos domiciliarios, y tantas otras cosas que apuntan a necesidades comunitarias, por caminos nuevos, donde el capitalista no es el protagonista, sino la comunidad. En nuestro país, todos los excluidos o pésimamente integrados del actual sistema productivo, sean agricultores familiares, recuperadores urbanos, costureros, trabajadoras en servicio doméstico, pueden formar parte de un universo de producción popular distinto. Pero no solo ellos – esto es muy importante de asumir -, sino que también amplios sectores medios insatisfechos con una vida de sometimiento y tensión generada por el capitalismo global, están produciendo su energía, organizando su distribución de alimentos e indumentaria, construyendo cooperativamente sus viviendas. El ámbito de la Producción Popular debe formar parte de un país con aspiraciones reales de justicia social. El detalle conceptual y los casos concretos de avance necesitan un análisis que supera este documento y que será complementario a éste en un segundo material.

 Conclusión breve

Si entendemos qué aportó a nuestra sociedad el justicialismo de hace 70 años, podemos acercarnos a definir cual es el justicialismo que necesitamos en 2015.

El kirchnerismo lo intenta desde 2003, pero si no modifica la estructura de producción de bienes y servicios el intento quedará muy a medio camino y hasta puede quedar trunco.

Las nuevas grandes empresas público privadas; la promoción de actores pequeños y medianos para recuperar la densidad y argentinidad de muchas cadenas productivas; la producción popular, son las tres patas de la profundización.

Emm/24.5.2015

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