El trabajo, nosotros y viceversa

Tanto a nivel político como económico, el capitalismo ha conseguido instalar en cada sociedad que el presente y futuro de todos los ciudadanos depende de las decisiones que tome una pequeña – muy pequeña – fracción de ellos: los empresarios.

Se desea y se postula como meta que las personas en condiciones de trabajar, estén ocupadas. De entre ellas, en el mejor de los casos un 5% se puede considerar empresario, en el sentido que toma decisiones de inversión autónomas y que otras personas trabajan en el marco que él define.

Sin embargo, la política económica en sus más diversas facetas, se piensa y se ordena formalmente en función de las iniciativas, necesidades o vocación de promover o regular a esa pequeña fracción de los habitantes, dentro de la cual, adicionalmente, una muy pequeña parte de los empresarios se considera decisiva, dada la concentración sistemática de poder que el capitalismo genera.

Como escenarios límites, en 2001 el Jefe de Gabinete llamaba personalmente a un puñado de no más de 10 corporaciones para que depositaran dinero en los bancos y no se evaporara la liquidez. O ahora, en 2014, se atenuó la restricción externa de divisas negociando el ingreso anticipado de divisas por parte de un pequeño número de exportadores de granos. Esas decisiones son habituales.

No es de extrañar en tal marco que si se quiere precisar la ocupación de una persona la pregunta dominante sea: ¿Para quién trabajas?

La respuesta a esta pregunta seguramente define mejor la condición de vida de un individuo que otra que sería más pertinente: ¿Para qué trabajas?

Si la pregunta fuera ésta última, para peor, las respuestas podrían seguramente agruparse en dos grandes categorías:

1. Para acumular renta. Esto diría esencialmente un empresario.
2. Para atender las necesidades personales y familiares o, menos, para subsistir. Esto diría la enorme mayoría de los trabajadores.

Estaría casi ausente un tipo de respuesta que no es nada frecuente en la subjetividad de los ciudadanos. En lugar de las dos opciones mencionadas, se podría indicar como primer elemento la función social que cumple el trabajo que desempeñamos. Tal vez un sacerdote haga eso, o algún médico o maestra o exponentes aislados de tareas claramente definidas como funciones sociales.

Allí reside la evidencia más rotunda del fracaso del capitalismo como constructor de una sociedad mejor. En tiempos electorales en Argentina, cuando estamos discutiendo qué sector político quemó más urnas en la elección de Tucumán; cuando aquí cerca el PT se hunde como líder intelectual del Brasil, o cuando un poco más lejos, Venezuela cierra sus fronteras con Colombia como medida casi desesperada para parar el contrabando y la especulación en bienes básicos, puede parecer demasiado abstracto o hasta inocente, incursionar por el sendero que acabamos de marcar. Sin embargo, es necesario entender que mantenernos dentro del embudo del capitalismo concentrado, donde pocos – muy pocos – deciden lo que importa a todos y finalmente vamos una y otra vez a discutir cuánto y cómo se debería devaluar o cómo seducir a más corporaciones para que procesen nuestros recursos naturales, se parece más a caminar por una calesita que por un camino, sea cual sea la cantidad de piedras que haya que sortear.

Es imprescindible definir el paradigma de una sociedad más justa, así sea para tenerlo en una libreta que registre nuestros intentos de alcanzarlo y que nuestros nietos revisen alguna vez. Ese paradigma tiene que ver centralmente con el sentido y la organización del trabajo popular. De allí es que surgen – o no – los bienes y servicios que procuran nuestro bienestar. De ningún otro lado. Si la organización del trabajo popular depende de un número muy pequeño de empresas, la mayoría de ellas con su centro de decisiones en el exterior y si el sentido del trabajo para la inmensa mayoría de la gente es parar la olla, estamos embromados, por más que nos engañemos temporariamente discutiendo espejismos, en que con baja inflación o con venta de dólares en los quioscos construiríamos nuestra felicidad.

En primer término: el sentido del trabajo.

La definición que justifica una construcción estructural que supere al capitalismo, transita por caminos diferentes a las frustradas discusiones e intentos de todo un siglo, centradas en la lucha por el control del Estado. Sin intención de abrir debates que nos alejen del tema central, vale la pena anotar que ni la Rusia soviética, ni la Cuba de Fidel, ni el sandinismo, ni ningún intento que se alejó del sufragio universal con libre postulación, lograron construir edificios que no terminaran ocupados por burocracias de diverso grado de incompetencia o corrupción. Merece por supuesto un extenso tratamiento, pero mi conclusión es que concentrar la apropiación del excedente y su administración, así sea en funcionarios públicos, no asegura la justicia social plena y la mejora contínua de la calidad de vida.

Los intentos con mejores resultados – esto es una afirmación solamente en términos relativos – son aquellos donde el Estado se constituyó en promotor y regulador de la actividad económica en términos muy activos, corrigiendo las asimetrías socialmente dañinas, pero los actores productivos concretos son privados, estatales o mixtos, según recomienden las circunstancias, aunque nunca definidos solo por el “mercado”.

Para contar con la validación política que permita asumir los cambios en la conducción estructural de la economía de un país, se debe disponer de consensos sociales más amplios y profundos que en cualquier etapa histórica anterior. Hay que encontrar motivaciones compartibles por los sectores más humildes y a la vez por los sectores medios, incluso por fracciones de los productores rurales, creadores de cultura social en buena parte de la Argentina.

Esas motivaciones no son otra cosa que un sentido compartido para el trabajo: Atender una necesidad comunitaria, consiguiendo con ello cubrir las necesidades propias con dignidad y sin alienación. Este es el marco de aquello que llamamos la producción popular.

Un concepto general como el anotado debe ser llevado al plano concreto por un gobierno, mientras sigue manejando con sus mejores instrumentos la economía tradicional. Esto implica instalar como actores del abastecimiento local y nacional de alimentos a los agricultores familiares; convertir a los hoy cartoneros en líderes ambientales, que recolecten reciclables separados en origen y los procesen en plantas adecuadas; fomentar agresivamente cooperativas de construcción y de autoconstrucción de viviendas; diseminar la generación de energía fotovoltaica en cada techo, con conexión a la red pública; poner en el centro de la cadena de indumentaria a los diseñadores y costureros. El listado puede seguir largamente, con la lógica – se reitera – de apoyar a quien agrega valor, no a quien se apropia de él. Como ejemplo marginal pero enteramente cotidiano de la extensión del concepto, debería hasta cambiarse la reglamentación para taxis, eliminando los fideicomisos que luego contratan peones al tanto, otorgando en cambio muy generosos créditos a los peones para que accedan a su propio vehículo.

En cada una de las situaciones, el cambio de sentido requiere nuevas formas de organización del trabajo. Es necesario que se piensen cadenas de valor completas, donde el esfuerzo en un eslabón productivo no se pierda por una comercialización inadecuada o por la ausencia de financiación. Aquí solo se anota el tema, para que su omisión no induzca a conclusiones apresuradas sobre la fragilidad conceptual.

La producción popular no es la única manera de cumplir con un nuevo sentido para el trabajo. La producción industrial de alta complejidad o gran escala está hoy en manos de unas pocas corporaciones nacionales y centralmente de corporaciones multinacionales.

La experiencia de YPF demostró, a pesar de sus fuertes limitaciones por no superar la tendencia a asociarse con multinacionales y obtener rentabilidad a través de prácticas de dominio del mercado comparables a las de cualquier monopolio, que una empresa liderada por el Estado puede construir una política, puede definir horizontes estratégicos en un sector. Eso se puede extender a la energía renovable; las comunicaciones; el transporte aéreo, ferroviario o naval y su industria proveedora; el diseño automotriz o electrónica que permita contar con nodos hegemónicos en sus respectivas cadenas de valor. En cada caso hay que armar alianzas entre el sector público y privado, sumar a organismos del sistema de ciencia y técnica y complementar la inversión pública con el aporte confiado y de largo plazo de millones de ahorristas nacionales de cualquier dimensión, que encuentren en las propuestas las alternativas de conservación de valor que han buscado en las divisas o en la especulación inmobiliaria. YPF pudo y puede ser el caso bandera y detrás pueden ir todos los demás, con proyectos transparentes, difundidos, auditados técnica y económicamente por organismos de prestigio mundial, que convenzan a la clase media para sumarse.

Quienes trabajen en empresas de este tipo también habrán cambiado el sentido del trabajo. Lo harán para su comunidad e importará su producto en tal sentido, no para la acumulación de renta.

Estas dos grandes líneas, a su vez, abren espacios de reflexión y de negociación sobre la forma de reorientar la industria nacional actual, sin fantasías de transferencia de manos, sino eligiendo espacios donde su desempeño mejorará su utilidad social. Por caso y a solo título de ejemplo: Si la agricultura familiar asegura la producción para el consumo interno de pollos y cerdos, las actuales empresas de estos sectores pueden ser ayudadas para convertirse en corporaciones exportadoras a todo el mundo, reduciendo y hasta eliminando su participación en el mercado interno. Siempre sentido común, nunca transferencia de poder abusiva.

 Concepto resumen

• El paradigma del capitalismo se muerde la cola y conduce a crisis reiteradas, todas iguales a la anterior.
• Cambiar la administración del sistema no es actual sobre la causa central – el lucro como fin superior -. Ni siquiera se ha demostrado válido transferir la propiedad y la administración del excedente a funcionarios en nombre del pueblo.
• Fomentar un sistema de atención de necesidades básicas a cargo de unidades productivas comunitarias implica instalar un ámbito de referencia para contrastar al actual formato y superarlo, en las cadenas de valor pertinentes, que son muchas.
• Propiciar unidades mixtas para las grandes inversiones, con participación masiva de los ciudadanos en su financiación, construye otro espacio transformador, para competir y cotejar con el capitalismo concentrador.
• El resultado esperado: un país productivo al servicio de un futuro común, que no espere el derrame ilusorio.

Emm/25.8.15