Debate de la Ley de Semillas en la FAUBA.
El debate no debe ser cómo se defiende la rentabilidad de las empresas controlantes de la cadena de valor sino cómo se defiende al productor, que es la víctima de esas empresas que concentran el 65 por ciento de la rentabilidad, fruto de la innovación en el caso de las semillas híbridas”, sostuvo Enrique Mario Martínez, coordinador del Instituto para al Producción Popular (IPP), en el encuentro sobre la Ley de Semillas que se desarrolló el martes 23, en el Salón de Actos de la Facultad de Agronomía, de la UBA, en la ciudad de Buenos Aires.
“El Estado debe compensar esa debilidad de los que pierden y defender sus ingresos. Es una discusión económica en la que los que pretenden fijar los pagos son los dueños del negocio, perjudicando a miles de sembradores, que son los queasumen el riesgo agrícola”, subrayó Martínez, y agregó: “El proyecto de ley diceque quien fija las regalías es el obtentor (las empresas semilleras), esto equivale a restituir una especie de derecho de pernada en perjuicio de los chacareros”.
Si bien, la falta de información acerca del texto definitivo del anteproyecto de ley impidió dar precisiones acerca de artículos puntuales, tanto Martínez como Felipe Boucou, de CaLisa (Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria), coincidieron en señalar que el proyecto, que se dio a conocer en mayo, tiene un espíritu similar a la Resolución 970 que reglamentó Colombia, en 2010, y que generó una fuerte reacción del sector agrícola de ese país, cuyos productores llevan más de tres años pidiendo su derogación. Por esa legislación, que fija regalías para los obtentores de variedades vegetales y que establece duras sanciones para los que nos la cumplan, se llevan decomisadas 4 millones de semillas a los pequeños productores colombianos.
Boucou consideró que el anteproyecto no siguió el trámite que correspondía porque“no se contempló a los usuarios de las semillas”. Sostuvo que “en una ley como esta, deberían participar todos los sectores sociales, también los consumidores, porque tiene que ver con lo que comemos”. Además enfatizó que “este tipo de medidas es el que ha permitido la concentración del mercado internacional, en elque cuatro o cinco empresas venden más del 50 por ciento de las semillas del mundo”.
Por su parte, Miguel Rapela, director ejecutivo de la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) defendió “la propiedad intelectual de las empresas que crean algo distinto, por lo que la sociedad recibe un beneficio” y precisó que, de acuerdo con el texto del anteproyecto que se conoce, “sólo debería pagar regalías el 6,7 por ciento de los grandes productores porque la agricultura familiar y los pequeños productores están protegidos por una excepción de orden público, lo que significaque ningún contrato puede modificar esta condición”. El cálculo de Rapela hacereferencia al sector sojero -eje de la Ley- donde las semillas son reutilizables y quehasta ahora no estaba obligado al pago de regalías por la reglamentación de “uso propio”, que permite guardar una parte de las semillas cosechadas para su reutilización. Sin embargo, la estimación del representante empresario no contempla a la totalidad de los productores de semillas híbridas, como el maíz o el girasol, que están obligados a pagar el canon porque no son reutilizables. Esos productores sólo obtienen el 35 por ciento de la renta de la innovación, porque el 65 por ciento restante le queda a las cinco empresas que dominan el mercado.
